El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó que está establecida en un reglamento la cuestionada transcripción de las firmas recolectadas por el grupo de Juristas Independientes, que impulsa un referendo para reformar la justicia boliviana.

El TSE, mediante un comunicado, indicó que ha tomado conocimiento de las declaraciones de uno de los portavoces de los denominados Juristas Independientes, en el sentido de que pretenden interponer un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La presentación de ese amparo se basaría en la decisión del TSE de exigir que los promotores de la consulta ciudadana presenten la transcripción de todas las firmas que sean recolectadas hasta el 23 de este mes en un medio óptico, cuando se cumpla ese plazo”, cita el documento.

Sin embargo, el TSE subraya que su decisión “de hacer dicha exigencia se basa, como han sido informados oportunamente los impulsores de esta iniciativa, en el Reglamento para la Verificación de Huellas, Firmas y la Pregunta en el Proceso de Iniciativa Popular para Referendo”, que fue aprobado por una resolución de 2013 y modificado por otras tres resoluciones de 2017 y de 2022.

“Este reglamento constituye el instrumento normativo de aplicación al presente proceso del que (…) se presume su constitucionalidad en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad”, sostiene el ente electoral.

El reglamento mencionado, según el TSE, prevé que los medios habilitados para verificar las firmas y huellas dactilares son los “libros de adhesión” y el “medio óptico”.

Además, “se debe recordar que los promotores de la iniciativa ciudadana se rigen por el mencionado reglamento para el proceso general de registro de firmas y huellas dactilares”, concluye el comunicado del TSE.

Este pronunciamiento del Tribunal Electoral surge después de que los juristas denunciaran que el requisito de la transcripción de un millón y medio de firmas a un sistema informático se constituyó en una “traba imposible” de cumplir porque, según su versión, requiere de un gasto millonario y de al menos dos meses y medio de trabajo.

Ante ese hecho, Juan del Granado, miembro del grupo, anunció que en los próximos días los juristas interpondrán una acción de amparo constitucional, porque consideran que “la actitud del TSE es una negativa explícita a la iniciativa ciudadana y al ejercicio de la democracia participativa”.