En opinión de analistas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sí puede modificar el reglamento que obliga a digitalizar 1,5 millones de firmas que los juristas independientes recaban para consolidar el referendo para la reforma a la justicia. Argumentan que es un trámite administrativo y, de no hacerlo, estaría vulnerando el derecho ciudadano de ejercer la democracia participativa.

El TSE rechazó la solicitud de los juristas de exonerarlos de la obligación de transcribir a un registro digital 1,5 millones de firmas para el referendo popular argumentando que el reglamento dice que los activantes deben hacerse cargo del proceso y del costo.

Para el abogado y exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia, el Órgano Electoral, al ser la máxima autoridad en el ámbito electoral, tiene la competencia de modificar el reglamento con el fin de facilitar al ciudadano a ejercer su derecho participativo. “En este momento, el tema de presupuesto le coarta al ciudadano a ejercer un derecho establecido en la Constitución Política del Estado”, sostuvo.

En tanto, José Antonio Rivera, del grupo de abogados independientes, confirmó que hoy presentarán un amparo constitucional contra el TSE y sus vocales.

El TSE ratificó ayer, mediante un comunicado, que la decisión de hacer dicha exigencia se basa en un reglamento que fue aprobado por una resolución de 2013 y modificado por otras tres resoluciones de 2017 y de 2022.

“No es posible que el administrador (el TSE) delegue sus funciones al administrado, porque su trabajo es responder a las necesidades de la población”, enfatizó. Goitia

En tanto, el vocal Tahuchi Tahuchi admitió que la transcripción de datos, además de toda la logística que contempla la impresión de libros y la movilización de los voluntarios, es costoso, pero el TSE no cuenta con este presupuesto; no lo han previsto porque el reglamento establece que los “activantes” de un proceso de referendo popular deben encarar los gastos.

“Este reglamento constituye el instrumento normativo de aplicación al presente proceso del que (...) se presume su constitucionalidad en tanto el Tribunal Constitucional no declare su inconstitucionalidad”, sostiene el TSE a través de un comunicado oficial.

Tahuichi señaló que el proceso para la reforma parcial de la CPE con miras a la reforma judicial aún es largo porque tienen dos meses, desde la entrega de los datos transcritos en un medio ofimático, para verificar la autenticidad de firmas. 

Cuestionamientos de juristas

El grupo de Juristas Independientes señala que la tarea de transcripción de datos sería imposible porque requeriría al menos 210 voluntarios que trabajen en tres turnos durante dos meses y medio, lo que representaría un gasto de 4,5 millones de bolivianos.

Son cerca de 1,5 millones de partidas que deberían transcritas, desde el 23 de abril, lo cual es inviable.

Por lo tanto, ven un exceso en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y una suerte de sabotaje al proyecto de reforma judicial.