Casi al cierre de la semana pasada la noticia política tuvo relieve especial, cuando el Vicepresidente del país anunció "que esta legislatura no analizará el juicio de responsabilidades contra Carlos D. Mesa en el caso Quiborax.

El justificativo del presidente nato del Congreso fue la existencia de un conjunto de pedidos sobre juicios de responsabilidades y el que ha sido planteado contra el expresidente del país, tendría que ser autorizado al final de la lista, que según se sabe correspondería al número 15 y el tiempo de espera se prolongará por mucho tiempo. Mientras tanto, se deja implícitamente definido que se otorgará el tiempo que fuera necesario para que Carlos Mesa, trabaje libremente en su candidatura.

Por lo que se observa y en el análisis de coyuntura, han surgido variadas interpretaciones sobre el tema, señalando que el aplazamiento del juicio contra Mesa, "es una salida política frente a las condiciones creadas en el ámbito nacional favorable a Mesa, al ser amenazado con un juicio, en un caso que tiene muchos ribetes y varios comprometidos, pero que en realidad lo que se buscaba era anular a un potencial rival político".

Las cosas salieron de las previsiones y lo que sucedió es que el vocero marítimo creció políticamente en pocos días, lo que preocupó a los estrategas del Gobierno que tuvieron que buscar una salida que no complique más el asunto, que evite mejorar la imagen del todavía indeciso candidato presidencial y nada mejor que utilizar "pañitos fríos" para bajar la temperatura y hacerlo por el lado más disimulado, enfriando el asunto del juicio".

El Segundo Mandatario, aclaró que con esa determinación el expresidente ya no podrá utilizar el tema del juicio para apuntalar su candidatura con miras a próximas elecciones presidenciales. Si bien la decisión de suspender el juicio, tranquilizó a ciertos sectores ciudadanos, dejó ciertas dudas en el entorno del partido oficialista sobre las condiciones en que se "liberó" al opositor de un proceso que podía ser tratado "excepcionalmente" en la Asamblea Legislativa, reconociendo que "en otros casos" se actuó de esa manera.

Lo que sucede en adelante es que el aludido expresidente señaló claramente que "en cualquier caso (el juicio) asumirá su defensa en Bolivia, recordando además que tiene derecho a hacer política, sobre todo para combatir el autoritarismo del régimen actual, reiterando su compromiso en defender los resultados del 21F".

Carlos D. Mesa, tras lo sucedido, negó que estuviera utilizando el caso para "victimizarse", de ningún modo dijo, lo que sucede es que hay quienes se dieron cuenta de varios errores cometidos y los mismos serán esclarecidos para establecer verdaderas responsabilidades en materia de nacionalizaciones e indemnizaciones, se comentó dando a entender que en la defensa formal del expresidente, surgirán elementos contundentes para revelar muchos hechos irregulares.

El caso está en la palestra pública, en los medios, en las redes, en la opinión pública, de boca en boca, y tal parece que una estrategia no debilitó a la otra, de ahí que políticamente el asunto se torna peliagudo y aunque falta un año para las elecciones, hay muestras muy claras del apuro de algunas corrientes, en pos de asegurar ciertos espacios, que si no son bien utilizados, pueden convertirse en factores adversos cuando llegue el verdadero tiempo de las decisiones.

De momento el MAS desiste de un juicio de responsabilidades y Carlos D. Mesa persiste en defender el 21F.