El grupo de Juristas Independientes denunció este lunes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de manera “ilegal”, les exige la transcripción de todas las partidas de libros de adhesión. Agregó que esa labor se constituye en un impedimento a la democracia, dado que para ponerla en marcha requieren más de un millón de bolivianos, y dos meses y medio sólo para transcripción.

“Nos han dicho que tenemos que transcribir íntegramente un millón quinientas mil firmas. Hemos hecho las consultas informáticas y esa transcripciones suponen 210 transcriptores, trabajando tres turnos, durante dos meses y medio (...). Esto no está establecido así en el reglamento, es una interpretación equivocada”, sostuvo el abogado y exalcalde Juan Del Granado.

El TSE, mediante la Unidad de Informática, exigió a los abogados la transcripción de las 1,5 millones de firmas en formato digital. Esa determinación fue impugnada por los juristas. Sin embargo, la observación planteada fue rechazada, por lo que la exigencia sigue vigente.

Un pronunciamiento del grupo de Juristas Independientes señala que el registro en el software demora al menos 5 a 8 minutos por transcripción de partida, sin tomar en cuenta la Apertura y Cierre del Libro, que hay que realizar 30.000 veces (2 veces por cada libro). Con personal entrenado y sin cometer errores se estima que al menos se requiere de 2,5 meses para el trabajo.

“Vale decir que, con ese personal y frecuencia, tardaríamos 2 meses y medio solo en transcribir los 1.5 millones de partidas. Además, el costo, calculado en más de un millón de bolivianos, para los promotores del referendo es inalcanzable y se constituye en una abierta restricción anulatoria de la democracia directa y por tanto contraria a la Constitución”, se lee en el comunicado.

Del Granado manifestó que este requisito significa un gasto adicional de un millón de bolivianos. Agregó que plantearon al Órgano Electoral hacer un inventario de los libros, pero esa entidad no les aceptó el pedido.

“Están poniendo en serio riesgo la democracia directa, la iniciativa ciudadana que se está impulsando (...). No nos queda sino acudir a un amparo constitucional”, complementó.