El grupo de juristas independientes, que impulsa una consulta ciudadana para la reforma del sistema de justicia, denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó el requisito de transcripción del millón y medio de adhesiones a un sistema informático. Esto fue considerado como una “traba imposible” de cumplir porque requiere un gasto millonario y al menos dos meses y medio de trabajo.

“Cuando nos entregaron los libros nos encontramos que teníamos que transcribir un millón quinientas mil partidas. El 13 de febrero impugnamos esa interpretación y el TSE tardó 40 días en responder. Necesitamos 210 voluntarios con sus computadoras que pueden hacer la transcripción en tres turnos diarios en dos meses y medio a un costo mayor al millón de bolivianos. Sería imposible”, reclamó el abogado y exalcalde, Juan Del Granado.

Luego de esperar que el Órgano Electoral haga las consideraciones a los reclamos de los juristas reiteró este requisito. Por tanto, los promotores del referéndum interpondrán un amparo constitucional ya que consideran que es un “impedimento”a la propuesta ciudadana.

Los argumentos constitucionales expuestos al TSE fueron que el “Reglamento para la verificación de firmas” genera una “carga ilegal y onerosa” para los promotores de la iniciativa popular, poniendo en riesgo la iniciativa popular que constituye una barrera para el ejercicio de la democracia participativa contemplada en el artículo 11 de la Carta Magna.

“Para cumplir con la exigencia reglamentaria del TSE, los promotores nos veríamos obligados a adquirir equipos de computación a nivel nacional, contratar personal especializado y transcribir la información contenida en los libros de adhesión a la iniciativa popular en el sistema informático del TSE, lo que implica erogar recursos económicos que no tenemos, lo que inviabiliza la iniciativa y el ejercicio constitucional de la Democracia Participativa y Directa”, señala parte del pronunciamiento de los abogados.

Dentro de las razones técnicas, observaron que el sistema del TSE no está pensado para el registro masivo de 1,5 millones de partidas, “se limita a una base de datos en bruto, sin filtros, sin revisiones previas y sin posibilidad de enmendar errores”.

Los juristas tienen hasta el 23 de abril para reunir el millón y medio de firmas de la población que apoya el referéndum.

Entre tanto, las elecciones judiciales avanzan y todavía no se registran postulantes en ninguno de los cuatro cargos del Órgano Judicial. Sin embargo, ayer se presentó un incidente con uno de los candidatos que reclamó el rechazo a sus documentos por no tener datos básicos en el sobre.

“Le han negado a un originario, a uno que ha estudiado. Han pisoteado mis derechos esa Comisión. Quieren que pongamos número de carnet en el sobre, pero si está aquí adentro. No me presentaré, no hay justicia”, gritó el abogado José Romero Sandoval, quien protagonizó un escándalo en la Plaza Murillo.

La documentación de los postulantes será recibida por la COmisión Mixta hasta el 15 de abril.