Los juristas independientes informaron ayer que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó exonerarlos de la supuesta obligación de transcribir 1,5 millones de partidas, que recaban en los libros de adhesión para el referendo constitucional, a un sistema informático y  tampoco aceptó la presentación de un inventario.

Los juristas Juan Del Granado, Kathia Saucedo y Ramiro Orías adelantaron que presentarán una acción de Amparo Constitucional contra el TSE por obstaculizar el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Orías señaló que el TSE pretende obligar la transcripción de los datos con base en un reglamento y no en la Constitución Política del Estado (CPE) ni en la Ley de Régimen Electoral.

Según los juristas, la tarea de transcripción de datos es imposible, ya que se requeriría de al menos 210 voluntarios que trabajen en tres turnos durante dos meses y medio, lo que representaría un gasto de 4,5 millones de bolivianos. “Lo que pasa es que el Tribunal Supremo Electoral nos está poniendo excesos reglamentarios y trabas económicas”, señaló Saucedo.

Los juristas pidieron que se aplique única y exclusivamente el artículo 25 del Reglamento para la Verificación de Huellas, Firmas y la Pregunta en el Proceso de Iniciativa Popular para Referendo, que establece la presentación de un inventario detallado por número de libro y su respectivo medio óptico. “Sin embargo, el secretario de Cámara del TSE respondió de forma negativa al petitorio, después de 40 días”, dijo Saucedo.

Por su parte, Del Granado lamentó que también les negaron la entrega de la resolución escrita y firmada por la Sala Plena del TSE.

Por esta razón, acudirán al Tribunal Constitucional Plurinacional con un Amparo Constitucional en defensa de los derechos que están previstos en la CPE que garantiza el ejercicio de la democracia directa. “Estamos formulando, en el transcurso de los próximos días, un Amparo Constitucional porque esta actitud del Tribunal Supremo Electoral es una negativa casi explícita para llevar adelante la iniciativa ciudadana, es un obstáculo”, añadió el jurista.

Acotó que en los petitorios que hicieron incorporaron argumentos técnicos y constitucionales, pero el Órgano Electoral no los tomó en cuenta poniendo sobre el tapete, una vez más, obstáculos y trabas para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la participación política.

El 13 de febrero de 2023, los juristas independientes presentaron un oficio al TSE para impugnar la transcripción íntegra y detallada de los 1,5 millones de partidas con las firmas de adhesión a la iniciativa ciudadana. Sin embargo, el 21 de marzo, el secretario de Cámara del TSE respondió negativamente a la impugnación, decisión ratificada el pasado 31 de marzo.

Observaciones técnicas

* El software del TSE no permite hacer consultas con el padrón electoral. La única forma de acceder al padrón electoral es mediante el portal “Yo Participo”.

* El software del TSE no está pensado para el registro masivo de 1,5 millones de partidas.

* Revisados los datos del padrón, recién se pueden revisar las partidas de los libros.

* El registro en el software demora al menos 5 a 8 minutos por partida.

Proceso de recolección de firmas seguirá adelante

El jurista Ramiro Orías señaló que la cruzada de recolección de firmas para lograr la reforma judicial vía referendo popular seguirá, porque aún se encuentran en el plazo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Señaló que hasta el 23 de abril deben obtener 1,5 millones de firmas y ahora están cerca del millón.

Adelantó que aprovecharán el feriado de Semana Santa para obtener más firmas con el apoyo de voluntarios, además algunos vecinos colaboran gestionando el respaldo en sus barrios.

Orías insistió que la Constitución Política del Estado (CPE) no delega responsabilidades administrativas, como la transcripción de datos a los ciudadanos que quieren ejercer sus derechos democráticos. “Se pone en riesgo la iniciativa popular, lo que constituye una ilegal barrera para el ejercicio de la democracia participativa”, sostuvo.

En caso de lograr la cantidad de firmas requerida, el TSE debe llevar adelante un referendo.