El grupo de juristas independientes, que recolecta firmas para la reforma judicial, denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha ratificado como requisito la transcripción de los datos recolectados a un sistema informático, lo cual se constituye en un impedimento "imposible" de cumplir, puesto que requeriría de un gasto millonario.

Los juristas están en el proceso de recolectar un millón y medio de firmas, con las cuales se activaría un referendo para modificar la Constitución y, de esa manera, reformar la justicia.

Sin embargo, el TSE le ha exigido que transcriban en millón y medio de partidas a un medio informático.

Según los juristas, esta tarea de transcripción sería imposible porque se requeriría de al menos 210 voluntarios que trabajen en tres turnos durante dos meses y medio, lo cual implica una inversión de más de un millón de bolivianos.

Incluso consultaron a empresas dedicadas al rubro y les cotizaron tres bolivianos por cada partida transcrita, es decir, que el costo sería de 4,5 millones de bolivianos, "imposible de cubrir".

Juan del Granado, integrante del grupo de juristas, dijo que ya han gastado 16 mil dólares en los libros de registro y que no pueden erogar el monto que requeriría la transcripción.

Recordó que, el 3 de febrero, solicitaron al TSE que no se aplique este requisito, tomando en cuenta que se trata de una iniciativa popular, en el marco del ejercicio de la democracia participativa, pero la Secretaría de Cámara rechazó ese pedido 37 días después.

Los juristas solicitaron la resolución y fundamento del rechazo a su pedido y el pasado viernes les comunicaron la negativa, indicó Del Granado.

La jurista Kathia Saucedo agregó que lo "asombroso" es que el TSE, en su respuesta, argumentó que no era su problema que los promotores de la iniciativa ciudadana no tengan los recursos para transcribir las partidas.

Interpondrán amparo

En ese marco, los juristas anunciaron que interpondrán una Acción de Amparo, porque consideran que la actitud del TSE es una negativa explícita a la iniciativa ciudadana y al ejercicio de la democracia participativa.

Del Granado señaló que el TSE pretende aplicar las mismas reglas que usa con los partidos políticos a la iniciativa ciudadana. Recordó que son ámbitos distintos, puesto que los partidos forman parte de los mecanismos de la democracia representativa, mientras que el referendo por iniciativa ciudadana corresponde a la democracia participativa.

Aseguró que este tema es grave y que el TSE debería hacerse cargo de la revisión de los libros de firmas.