Una comisión multidisciplinaria de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) difundió el 21 de marzo una propuesta de reforma judicial sin la necesidad de efectuar modificaciones constitucionales, un trabajo académico que planteó una “evaluación ciega” para garantizar magistrados probos e idóneos, según el analista Franklin Pareja. El proyecto fue enviado a la ALP, pero no se sabe qué pasó con la iniciativa.

“La propuesta de la UMSA que contempla una evaluación ciega a los postulantes no requiere modificaciones constitucionales, lo que necesita es voluntad política, pero como no existe voluntad política para transformar el sistema judicial, pueden haber mil propuestas y probablemente todas caigan en saco roto”, afirma Pareja. Este medio escribió a los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juan José Jáuregui e Israel Huaytari para conocer si sabían del proyecto de dicha universidad, pero no respondieron. El partido de gobierno rechazó otras dos propuestas de Comunidad Ciudadana y Creemos, e hizo valer su mayoría para aprobar el 27 de marzo su reglamento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El planteamiento académico identificó que la revisión, evaluación y preselección de postulaciones por parte de la ALP es la principal causa para no tener magistrados probos e idóneos.

El documento prosigue que la decisión de elegir a los candidatos que fue “transferida al pueblo mediante voto directo, previa preselección en la ALP”, no modificó el papel político de los asambleístas. “Sigue siendo político partidaria. En síntesis, no hubo cambio, vale decir el pueblo vota, pero no elige”.

¿Qué es la evaluación ciega?

La propuesta consiste en que “ni los examinadores sabrán a quién evalúan ni los examinados sabrán quién los evalúa. La imposibilidad de que examinadores y examinados tengan contacto directo evitará el sesgo deliberado o subjetivo en el proceso de evaluación”, indica el documento académico.

El proyecto propuso que los exámenes sean efectuados por las facultades de Derecho del sistema público de universidades con evaluaciones ciegas, cuyos resultados se iban a entregar en 48 horas y los que obtengan los mayores puntajes iban a ser seleccionados por la ALP.

La propuesta contempló además que en el concurso de méritos el postulante debía obtener una ponderación de 70 puntos sobre 100, como mínimo, para quedar habilitado a la fase de la prueba escrita, en la que debían responder 100 preguntas en 120 minutos.

El reglamento que aprobó el MAS otorga 30 puntos por tener 15 años de experiencia, 25 puntos por la evaluación profesional, 30 puntos el examen escrito y 15 puntos por la entrevista.