Desde el veto a los abogados que participaron en “gobiernos dictatoriales o de facto”, pasando por la prohibición a que grupos de la sociedad civil puedan emitir algún “criterio público” hasta permitir el “pasanaku” para que actuales magistrados se postulen a otros órganos, el reglamento del MAS para elecciones judiciales puso al menos siete trabas a una justicia independiente, según diputados, analistas y juristas.

“Después que se conociera el reglamento, algunos magistrados actuales ya anunciaron que se postularán para optar a otros cargos, algo que permite este reglamento, por lo que aquellos que tienen probidad e idoneidad quizás no se postulen y me temo que en esta tercera elección judicial se va a reeditar lo que hemos visto en las dos anteriores”, sostiene Katya Saucedo, abogada del grupo Juristas Independientes que impulsa la reforma judicial a través de un referendo.

Página Siete habló con diputados de Comunidad Ciudadana (CC), Creemos, analistas políticos y abogados que identificaron al menos siete cerrojos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) puso a la aspiración de tener una justicia independiente con la aprobación de su reglamento para la preselección de candidatos para las elecciones judiciales. Desde el oficialismo destacaron que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) será la que preseleccionará a los candidatos y que la sociedad civil acompañará el proceso. Algo que, sin embargo, observa el analista político Franklin Pareja al indicar que mientras la ALP haga ese trabajo de precalificación a los postulantes, “la población no elegirá nada”.

Los siete candados son:

1Los abogados que hayan participado o hayan estado involucrados “en gobiernos dictatoriales, militares o de facto” no podrán postularse a las elecciones judiciales, según el inciso 10 del artículo 19.

El inciso 15 añade al respecto: “No haber expresado posturas políticas de manera pública”. Estas limitantes “son inconstitucionales”, según las abogadas Saucedo y Evelyn Cossío.

“La Constitución Política del Estado dice que toda persona tiene derecho a una defensa, no debería existir ese tipo de condicionantes y se debería apoyar a los mejores abogados sin distinción”, aseveró Cossío a Página Siete. La abogada dijo que no se postulará a las elecciones.

Saucedo cree que esa condición “castiga a los abogados” y “en el futuro ellos van a negar la posibilidad de asistir o de brindar patrocinio de defensa a personas que estén vinculadas a este tipo de hechos”.

2 El artículo 13 permite la participación de equipos técnicos conformados por abogados, prensa y universidades, pero sin voz. “No podrán emitir criterios públicos que puedan interrumpir el desarrollo de los procesos de preselección en caso de incurrir en lo señalado ya no podrán participar del trabajo de la comisión mixta respectiva”, dice la norma. La oposición había pedido una participación real de la sociedad civil, algo que rechazó el MAS.

No obstante, el diputado masista Juan José Jáuregui destacó así el aporte de esos comités. “Como en ningún otro documento de la historia y con estos mecanismos de preselección se tiene la participación, por ejemplo, de la Central Obrera Boliviana”. Según Saucedo, este artículo vulnera, además, el derecho a la información, protegido por la CPE al impedir a los sectores sociales de acompañamiento puedan acceder “a la información pública de los postulantes”.

3 A diferencia del requisito de no tener militancia política en los últimos ocho años para postular al Tribunal Agroambiental (TA), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM), los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pueden renunciar unos días antes de inscribirse.

“No tener militancia en alguna organización política al momento de su postulación”, reza textualmente inciso 1, del artículo 20 de requisito específico para postular al TCP.

El diputado de CC Carlos Alarcón alerta que “esto demuestra que la preselección está totalmente digitada y amañada para beneficiar a los postulantes que sean afines al gobierno y al oficialismo”.

4 Existen 11 requisitos específicos para postular al TCP, 12 para optar al TSJ, 15 para el TA y siete para el CM, sin embargo, la Comisión Mixta sólo “controlará dos” de todas esas condiciones.

“En la etapa de verificación de requisitos específicos la Comisión Mixta sólo comprobará que el postulante cumpla con los ochos años de experiencia profesional y que cuente con al menos un curso de formación especializada en el área de su postulación”, señala el inciso II del artículo 21.

Al respecto, Alarcón apunta: “Es una burla al país poner hasta 15 requisitos específicos y solamente calificar dos. Además, al decir que con un diplomado puede estar habilitado, cualquiera puede entrar porque un diplomado se puede hacer incluso virtualmente”.

5El artículo 26, sobre “Alcance de la evaluación”, indica que la experiencia profesional de más de 15 años se calificará con 30 puntos.

“Basta entonces que tengas más de 40 a 45 años de edad, con 15 años de experiencia para ganar 30 puntos”, observa el diputado Miguel Roca, de CC.

En la misma línea, el diputado evista del MAS Daniel Rojas criticó que se privilegie a abogados antiguos. “Si le da 30 puntos a los que tienen 15 años (de experiencia). Entonces la juventud no podrá participar”, precisó el asambleísta cruceño.

6 Durante la sesión de la ALP, el partido en gobierno no aprobó con dos tercios el reglamento, algo que para Alarcón es “inconstitucional”.

Aquello también se repetirá en las comisiones cuando se definan los preseleccionados, según alerta la diputada de Creemos Tatiana Áñez. “En la Comisión de Constitución de 10 miembros, siete son masistas y tres de la oposición. En la Comisión Mixta de 13, nueve son del MAS y cuatro de la oposición, y ellos son los que van a probar los nombres para que vayan a la Asamblea (pleno)”, puntualiza.

7 El reglamento permite que los actuales magistrados puedan repostularse, pero no al mismo cargo. Aquello dará luz verde de acuerdo con Saucedo a “un pasanaku” de magistrados a otros órganos judiciales.

CC había planteado que la repostulación se califique como “demérito”, pero no fue apoyado por el MAS, por lo que es posible que algunos tribunos sean elegidos por segunda o tercera vez como autoridades judiciales desde 2011.