Las elecciones generales del domingo 20 de octubre del 2019 pasarán a la historia como el megafraude cometido por el ex tribunal supremo electoral y el gobierno de Evo Morales, y ningún “desagravio” puede eliminar los hechos. Todo el proceso electoral se había contaminado y viciado de nulidad al habilitar la candidatura de Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, prohibida por mandato expreso del referéndum del 21 de febrero de 2016, y el artículo 168 de la Constitución que establece que sólo puede haber una reelección de forma continua, de modo que esta cuarta postulación de ambos candidatos siempre fue ilegal e inconstitucional.

La Ley de Organizaciones Políticas establece, en su artículo 29.I, que “para participar en la elección de presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente del Estado Plurinacional, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el tribunal supremo electoral y realizado ciento veinte (120) días ante de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales, con participación exclusiva de la militante de la organización política”.

La misma normativa prevé que “los resultados de la elección de candidaturas del binomio presidencial, serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para los partidos políticos o alianzas y para las elecciones generales…” Sin embargo el tribunal supremo electoral, vulnerando su propia convocatoria a las elecciones generales de 2019 (resolución 0239/2019 de 27 de mayo), habilitó como candidato a la presidencia al señor Chi Hyun Chung y como candidata a la vicepresidencia a la señorita Shirley Franco, saltándose el filtro de las elecciones primarias, cuyas habilitaciones fueron ilegales e inconstitucionales.

Las fundadas sospechas de los veedores internacionales en el sentido de que se habían manipulados los resultados y el cómputo nacional, se habían confirmado con el trabajo realizado por el equipo de ingenieros informáticos de la Universidad Mayor de San Andrés y del ingeniero Edgar Villegas, y las declaraciones públicas del señor Marcel Guzmán de Rojas, director de Neotec, la empresa encargada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), entre otras evidencias.

El ex tribunal supremo electoral ha cometido, al menos, los siguientes delitos electorales: a) Ilegal ejecución del proceso electoral, ya que habilitó a Evo Morales y Álvaro García Linera en contra del mandato expreso del artículo 168 de la Constitución y el referéndum del 21 de febrero de 2016; b) Manipulación informática ya que cambiaron la tendencia y los resultados al realizar el cómputo nacional; Inducción al voto por parte de los candidatos Evo Morales y Álvaro García Linera, ya que se les permitió seguir con la propaganda política antes, y durante la pausa electoral, camuflada de gestión de gobierno, así como el uso indebido de los bienes del Estado; Alteración y Ocultación de resultados, ya que hubo una suspensión del conteo y cambio de los resultados, todos estos delitos se encuentran previstos y sancionados en el inciso a), j), k), e i) del art. 238 de la Ley del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010.

El comportamiento delictivo del ex tribunal supremo electoral no sólo conlleva responsabilidades penales para sus miembros, sino también la nulidad del acto electoral del domingo 20 de octubre del 2019. El ex TSE tenía que garantizar el voto ciudadano y la soberanía popular expresada en las urnas y los diferentes Cabildos, según el art. 7 de la Constitución; sin embargo, ha hecho todo lo contrario pues ha sido el autor del fraude y robo de la voluntad popular y ha provocado enfrentamientos y derramamiento de sangre entre bolivianos.

Una de las pruebas del megafraude es que los mismos legisladores del Movimiento al Socialismo, que tenían 2/3 en la Asamblea Legislativa, sancionaron la Ley N° 1266 de 24 de noviembre de 2019 donde, efectivamente, “deja sin efecto legal las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados”, y “se dispone la realización de nuevas elecciones generales para elegir presidenta o presidente del Estado, senadoras o senadores, diputadas o diputados y representantes ante organismos parlamentarios supraestatales para el periodo de mandato constitucional 2020-2025”.