Evo Morales y Álvaro García Linera tenían planificado eternizarse en el poder, diseñaron la normativa necesaria y conformaron el Tribunal Supremo Electoral a la medida de sus objetivos políticos. En las elecciones del 20 de octubre de 2019, el TSE terminó cambiando no sólo la tendencia del voto sino además los resultados del cómputo nacional, en presencia de casi 100 veedores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.

Los veedores compartieron la “escena del crimen” y el cambio de tendencia que estaba en favor de la segunda vuelta hasta el 83% del conteo nacional que se realizó hasta las 19:40 del mismo domingo electoral, así como la suspensión abrupta del conteo por más de 20 horas, y cuando lo retomaron, al 95% del total del conteo, la tendencia cambió de manera inexplicable en favor del candidato oficial Evo Morales. Todos parecían conscientes de que la cuarta habilitación del binomio Evo Morales y Álvaro García Linera suponía una virtual ruptura del sistema constitucional y una amenaza directa para la democracia boliviana. Y persistía el fantasma del fraude, aunque la maquinaria estatal montó una campaña exponencial para anestesiar al electorado y convencerlo de que todo era democrático y constitucional.

La planificación del fraude comenzó, en efecto, con la abusiva habilitación para las elecciones primarias de Evo Morales y Álvaro García Linera que así se aseguraban pasar a las elecciones generales. Aquí se mostró, de cuerpo entero, el ex Tribunal Supremo Electoral al servicio de la reelección indefinida del gobierno masista; además, había desconocido el referéndum del 21 de febrero de 2016, que planificó y ejecutó. El gobierno de Evo Morales buscó minimizar el conflicto como si se tratara de una pequeña diferencia de votos. Sin embargo, lo que comenzó como un acto delincuencial de manipuleo de votos y cambio de resultados dejó de ser un conflicto doméstico para convertirse en un mayúsculo problema político.

La auditoría pactada entre el gobierno de Evo Morales y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, confirmó el fraude y precipitó la renuncia y posterior huida a México de Evo Morales y Álvaro García Linera. Este acuerdo, firmado el 30 de octubre de 2019, permitió conformar un equipo de 36 especialistas y auditores de 18 nacionalidades, entre abogados electorales, estadísticos, peritos informáticos, especialistas en documentos, en caligrafía, en cadena de custodia y en organización electoral.

El informe de la OEA, que lleva por título Hallazgos preliminares, informe a la Secretaría General, se convierte en una evidencia fundamental para la acción penal en contra de los coautores, cómplices, encubridores y candidatos fraudulentos: Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera. Y concluye que Evo Morales ganó debido a “un aumento masivo e inexplicable” de los votos para el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el 5% final del cómputo. El último 5% presentó una tendencia distinta del anterior 95% y también “una diferencia muy marcada” con el 5% de los votos que habían sido computados inmediatamente antes. Y aunque el MAS hubiera conseguido la mayoría de los votos, no había obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta.

Por su parte, la Unión Europea (UE) convalidó las conclusiones de la auditoría de la Organización de Estados Americanos. Lo más curioso de todo este pandemónium fue que el mismo contratante Evo Morales (cuando la auditoría lo pone en evidencia) cuestionó a la OEA y a su auditoría de los comicios del 20 de octubre de 2019. Sin embargo, “las irregularidades fueron tales que el equipo de auditoría llegó a la conclusión de que no podían confiar en los resultados de las elecciones y que debía celebrarse un nuevo proceso electoral”.

El megafraude no fue obra sólo de los vocales, sino de un esquema político que preparó el crimen, con meses de anticipación, recursos económicos abundantes y el soporte tecnológico necesario para los propósitos del régimen.