El Gobierno se tropieza con dilemas que, al resolverlos, diseña su ideología, su tendencia, lo que permite a los bolivianos tener una idea del pensamiento del MAS, que no sean sus mensajes de grosera propaganda.
En estos días el dilema se llamó Santagro. Allí, en Guarayos, un predio en producción había sido ocupado por la vanguardia de los cocaleros, los llamados “interculturales”.
En la zona se habían dado casos de asaltos a la propiedad privada, como el de Las Londras, que el gobierno decidió no resolver y quedar, de esa manera, equidistante entre la ley y la delincuencia.
Pero esta vez, cuando hay dos muertos en Santagro, el Gobierno no ha podido esquivar el bulto y tuvo que definirse.
¿Qué hacer: respaldar la legalidad o la ilegalidad?
El Gobierno optó por apoyar a la ilegalidad, dar la razón a los asaltantes de tierras, a los avasalladores, es decir a los “interculturales”. Acusó a los propietarios de haber llevado gente armada para tratar de recuperar las tierras asaltadas.
Fue un caso muy raro de coherencia en este Gobierno, que toma decisiones contradictorias todos los días, como avanzar en la ley para definir como terrorista a todo ciudadano que proteste, justamente cuando está en el país la delegación de la CIDH. Esa ley haría que en Bolivia se presente una situación idéntica a la que se da en Cuba o Nicaragua, donde las cárceles están repletas de personas que protestan.
Fue coherente la decisión de apoyar a los asaltantes porque unas horas antes el presidente Luis Arce había anunciado la construcción de un edificio de siete pisos para los interculturales. Alguien le habrá aconsejado que no se puede ofrecer un día un regalo a los asaltantes de tierras y al día siguiente darles la espalda en el caso de Santagro.
Envalentonados, los asaltantes se niegan ahora a entregar a sus verdaderos dueños la soya cosechada, a quienes la habían sembrado.
Los dilemas del Gobierno se profundizan. En estos días se encontró con que debía defender la naturaleza y frenar el uso del mercurio en las explotaciones de oro, o apoyar a la minería ilegal, representada por inversionistas chinos. Después de meditarlo, el Gobierno tomó la decisión de apoyar a la minería ilegal, a los chinos, y dar la espalda a las leyes bolivianas. De esa manera, además, dio por cerrado el caso de los impuestos que deben pagar los explotadores de oro, apenas 4,8%.
Son varios los dilemas parecidos que se presentan al Gobierno.
El hecho de que opte por apoyar lo ilegal, lo pecaminoso, da la razón a quienes creen que la idea del MAS es destruir el país, provocar la emigración masiva, para quedar tranquilo, en condición de señor feudal, como hacen en Cuba y Venezuela.

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