El legislador cruceño recordó que desde la oposición ya se había manifestado la importancia de que instituciones y organizaciones de carácter académico en la sociedad participen del proceso de selección, colaborando en la evaluación de los méritos con los que cuente cada postulante a altos cargos en el Órgano Judicial.
En este sentido, justificó la negativa de algunos sectores a ser parte del proceso para la preselección de candidatos, por considerar que su participación se reduciría a la simple observación.
“Ellos ya se han manifestado sobre el reglamento, observando que se establece su participación en calidad de florero o adorno, porque solamente son simples veedores y sus opiniones no van a valer nada”, dijo.
Sostuvo que la participación de instituciones, sobre todo de carácter académico, debería fijarse respetando las capacidades y el aporte que puedan brindar para el proceso, mediante un informe vinculante, pero esta posibilidad se niega bajo el argumento de que se le quitaría competencias a la comisión encargada de la preselección.
Agregó que bajo estas condiciones, es muy difícil que profesionales probos y sin afinidad política, se postulen a un cargo en el Órgano Judicial, lo que abre las puertas para que solo afines al MAS y personas dispuestas a ser objeto de maniobras políticas se presenten a la convocatoria.
“Por supuesto que si algunas personas quieren someterse al manoseo político, o si son afines al Movimiento al Socialismo se van a presentar, porque no va cambiar absolutamente nada de lo que los bolivianos quieren en el fondo, un cambio verdadero en la justicia”, apuntó.
En el caso de postulaciones por parte de organizaciones, Montero descartó que exista interés en prestarse a un proceso que de la forme en que ha sido definido y por el “pasanaku” de cargos que significa.
Esta semana, organizaciones periodistas a nivel nacional, oficializaron su rechazo a participar en el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, señalando no poder involucrarse en asuntos correspondientes a órganos estatales.
“La decisión ha sido tomada por las asociaciones de periodistas de los nueve departamentos del país, luego de evaluar el Reglamento aprobado el pasado 27 del presente por la Asamblea Legislativa y advertir una condición de ‘censura previa’ impuesta por la prohibición de ‘emitir criterios públicos’ bajo advertencia de ser excluidos del proceso”, dice la carta firmada por Zulema Alanes, presidenta de ANPB.
Esta instancia advirtió que sus estatutos no contemplan el involucramiento de sus asociaciones en asuntos que competen a los órganos del Estado. También enfatizó que debe guardar distancia con quienes ejercen funciones y están sometidos al escrutinio de la prensa.
“Ratificamos que los problemas que enfrenta la justicia deben ser resueltos con una verdadera y profunda reforma que devuelva la institucionalidad al Órgano Judicial y garantice el acceso de los ciudadanos a una justicia universal, oportuna, transparente e independiente”, finaliza la nota remitida a la Comisión de Constitución de la ALP.
Desde Comunidad Ciudadana, la diputada Lisa Claros, adelantó una férrea fiscalización a todo el trabajo de la Comisión encargada de la preselección para evitar que la convocatoria se colme con jueces manipulables y responsan a la línea política del MAS. “Lo único que van a hacer es un ‘pasanaku’ de la justicia entre evistas y arcistas, por eso se ha visto que se han dado la mano para aprobar la convocatoria”, dijo.
Para el diputado oficialista, Israel Huaytari, los cuestionamientos de la oposición deben ser descartados, pues el trabajo de preselección será el encargado de elegir a los mejores profesionales para jueces, posteriormente será la ALP y en última instancia el voto de la población el que defina a las nuevas autoridades. “La decisión final le corresponderá a las urnas”, indicó.