El ministro de Justicia, Iván Lima, le dijo este domingo al expresidente Carlos Mesa que el año 2019 cometió el delito de acusación y denuncia falsa al alegar que se cometió “un fraude monumental” sin pruebas dañando la democracia, por lo que aseguró que ya “falta muy poco” para que rinda cuentas por esos hechos.

“Señor Mesa, el momento que pueda usted mostrar un acta falsificada de la elección (de 2019) podrá seguir sosteniendo que ha existido un fraude monumental, en tanto no logre hacerlo, lo único que va a pasar es que la justicia va a seguir avanzando y algún momento va a tener que rendirle cuentas a la justicia”, afirmó Lima en el programa Las 7 en el 7 de Bolivia Tv.

Y continuó en su alegato el ministro al dirigirse al excandidato presidencial de Comunidad Ciudadana: “Lo que ha hecho (usted) es un delito, se llama acusación y denuncia falsa y ya falta muy poco para que la justicia boliviana termine de investigar estos hechos y pasen los anteriores acusadores a ser acusados porque lo han hecho ha sido dañar la democracia y buscar mediante una teoría, que nunca fue comprobada (de fraude), una grave afectación a la democracia boliviana”.

Luego que en la noche del 21 de octubre de 2019 se paralizó al Sistema de Trasmisión Rápida de Resultados Preliminares (TREP), que reportaba en avance parcial y no oficial del cómputo de los resultados de las elecciones generales, Mesa dijo que no se puede “aceptar que se trate de manipular un resultado que, obviamente, nos lleva a segunda vuelta”, porque, según él, había una diferencia inferior a cinco puntos entre él y entonces candidato del MAS, el presidente Evo Morales.

“Lo que está pasando es extremadamente grave”, dijo en esa ocasión el otrora exvicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada al llamar a sus adeptos a una vigilia en todos los tribunales electorales departamentales del país.

Un día después, el lunes 22 de octubre, cuando se conocieron los resultados preliminares que descartaban una segunda vuelta, Mesa denunció que se cometió un “fraude escandaloso, monumental” y aseguró que la “ciudadanía no va aceptar ese resultado tergiversado y amañado”.

Tras ello, en la noche, empezaron los ataques a los tribunales electorales departamentales que se extendieron, incluso, a los depósitos donde se almacenaban las boletas del sufragio. Todos fueron saqueados e incendiados.

Después de las prolongadas protestas, la difusión sin consentimiento del informe preliminar sobre las elecciones por parte de la Organización de los Estado Americanos (OEA) y la sugerencia de los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía, Morales renunció a la presidencia el 10 de noviembre de 2019.

Luego se conoció que para que las Fuerzas Armadas y la policía se mantengan acuarteladas el padre del entonces cívico cruceño Luis Fernando Camacho intervino con medicación de Fernando López, quien luego fue designado ministro de Defensa por régimen de facto de la exsenadora Jeanine Áñez.

“Esta es una página que debe cerrarse, pero en base a ese concepto: memoria verdad y justicia”, enfatizó el ministro Lima al asegurar que esas personas “han llevado a la confrontación del país”.

“Ha habido muchos muertos, dos masacres (Senkata y Sacaba), ha habido graves violaciones de los derechos humanos y ése es el mandato que nos vuelve a recordar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no podemos dejar en la impunidad a quienes han sido irresponsables y a quienes han ido en contra de la Constitución Política del Estado”, insistió.

En cuanto a los exvocales de los tribunales electorales departamental y del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lima señaló que se cometieron violaciones a sus derechos porque fueron aprehendidos sin ninguna orden, no tuvieron un debido proceso ni se les tomó sus declaraciones.

“En palabras del exministro de Gobierno (Arturo Murillo) fueron cazados”, denunció Lima y argumentó que en ningún momento el régimen de facto logró comprobar las acusaciones en contra de los exvocales ni tampoco sobre la supuesta denuncia de fraude electoral en los comicios de ese año que provocó la ruptura del orden constitucional.

En los casos de los exvocales de Santa Cruz y Tarija, cuestionó que se los haya detenido cuando en esas regiones ganó Comunidad Ciudadana (CC). “¿Qué fraude puede existir si Comunidad Ciudadana ganó? ¿Qué pruebas han presentado? ¿Cómo es que ellos fueran detenidos? No se explica”, inquirió la autoridad.

Recordó que por esa falta de pruebas, en 2020 y 2021 los exvocales fueron sobreseídos de los procesos. Algunos de los exfuncionarios fueron liberados luego de permanecer por más de un año en prisión o con detención domiciliaria.

Fue por esos hechos, dijo Lima, que el pasado 27 de marzo se realizó un acto de desagravio a las exautoridades electorales en apego, además, a una de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó la crisis social de 2019.

A ese evento acudió el relator comisionado para Bolivia Joel Hernández, que por ello fue descalificado por actores políticos de oposición, de los cuales varios apoyaron al gobierno de facto de la autoproclamada presidenta del Estado

En opinión de Lima, las reacciones negativas sobre el evento son solo el reflejo de personas que no “entienden la magnitud” del acto que es reconocido por el sistema interamericano cuando se vulnera la dignidad de las personas “acusadas injustamente”, como sucedió con los exvocales.