Pese a la polémica en la que estuvo envuelta su visita a Bolivia por la inoportuna participación del comisionado Joel Hernández en un acto de desagravio a los vocales electorales del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) ha emitido un informe preliminar que refleja la crítica situación por la que atraviesa Bolivia en cuanto a derechos humanos y libertades.

Si bien en el tema más álgido, que corresponde a los presos políticos, prefiere mantener distancia, en lo genérico el reporte es valioso porque desnuda los males de la justicia, insta a que se haga una reforma integral y demanda que todas las fuerzas políticas sean parte de la concertación para seleccionar candidatos a las altas cortes del país.

Es decir, la CIDH recomienda que el Estado y particularmente el Gobierno hagan justamente aquello que se niegan rotundamente a hacer.

Botones de muestra hay muchos, pero el más reciente es la aprobación del reglamento de selección de candidatos judiciales con el rodillo del MAS, sin la participación de las fuerzas opositoras.

En materia de justicia, la CIDH afirma que la falta de acceso a la justicia afecta a toda la sociedad boliviana por dos razones: “la primera, caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la segunda, por la ausencia de independencia judicial”.

Los bolivianos sabemos de sobra que la justicia está manipulada por el poder de turno y también lo han señalado diversos organismos internacionales, entre ellos la ONU, a través del relator Diego García-Sayán, y la propia CIDH a través del grupo especial creado para indagar los sucesos del 2019, denominado GIEI.

Y, pese a esos informes internacionales, el oficialismo no ha mostrado el más mínimo interés en reformar la justicia, por el contrario, ha seguido manipulando a los jueces y magistrados para perseguir y encarcelar a los opositores.

Entonces, es probable que el informe de la CIDH tampoco sea tomado en cuenta por el Gobierno y que solo se destaquen los puntos sobre los avances en inclusión y la lucha contra la pobreza.

El informe preliminar indica que el poder político de turno, históricamente, ha manejado de manera instrumental la justicia, lo que significa que la CIDH no ha encontrado cambios positivos en esta materia desde su última visita, ocurrida hace 17 años.

Todo este tiempo, con excepción de 11 meses, fueron gobernados por el MAS, que es el directo responsable de esta podredumbre a la que está sometido el pueblo boliviano.

“A pesar de los avances identificados desde 2007 y de los esfuerzos para avanzar con reformas al sistema de justicia, en el marco de la visita, recibimos preocupante información sobre la falta de independencia, debilidad, ineficiencia y falta de transparencia del Sector Justicia”, indica el punto 33 del informe.

El informe también se pronuncia sobre los pueblos indígenas, que expresaron no sentirse incluidos en las políticas públicas, sobre el atentado al medio ambiente por el uso de mercurio en la minería, sobre las agresiones a los periodistas, sobre la inequitativa pauta publicitaria que solo beneficia a los medios estatales, sobre las débiles políticas para proteger a las mujeres de la violencia, entre otros aspectos no menos importantes.

El documento también apunta a los grupos cívicos que protagonizaron actos de violencia en Santa Cruz durante el paro de 36 días y tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, así como el excesivo uso de la fuerza de parte de las instituciones estatales.

Y, para finalizar, con la candidez que caracteriza a todo recién llegado, la comisión concluye que “la sociedad boliviana en su conjunto tiene una oportunidad excepcional para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de reconciliación”.

Lo que no dice es que el Gobierno no quiere reconciliación y que prefiere violar los derechos humanos para preservar el poder. Y, la forma de hacerlo es persiguiendo opositores, de quienes la CIDH dice que se “autoidentifican” como presos políticos. No señores, no se autoidentifican, son.