La visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó el viernes 31 de marzo y no estuvo libre de polémicas, sobre todo por la participación del Relator para Bolivia, Joel Hernández, en un acto de desagravio a los exvocales electorales que presidieron la fallida elección de 2019, proceso que derivó en la peor crisis política desde la recuperación de la democracia en 1982.

Más allá de esa inapropiada acción, la Comisión cumplió una amplia agenda en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca y los delegados de reunieron con autoridades nacionales, departamentales y municipales; dirigentes políticos oficialistas y opositores, víctimas de violaciones a los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y gremios profesionales, en especial las organizaciones periodísticas que denunciaron las constantes restricciones a la libertad de prensa y la falta de garantías suficientes para el ejercicio del oficio.

Al finalizar, la delegación emitió un comunicado en el que resumió algunas observaciones preliminares de su presencia en el país y, como se sabe, el informe oficial sobre este trabajo de seguimiento y monitoreo se conocerá en algunos meses.

No es un detalle menor que una visita de estas características se haya producido después de 17 años, a solicitud del Estado boliviano como corresponde. La última visita previa se realizó en 2006 y el informe salió en 2007. Es decir, durante casi todo el régimen de Evo Morales, el Estado boliviano no gestionó la presencia de la CIDH, pese a que en el gobierno del jefe del MAS participaron muchos ciudadanos que, supuestamente, tenían un firme compromiso con los derechos humanos y desempeñaron funciones en la Cancillería, fueron embajadores o ejercieron cargos de ministros de Justicia o de Gobierno.

Al margen de esa llamativa omisión, las observaciones preliminares inciden con claridad y contundencia en un cáncer de la democracia: la falta de independencia e imparcialidad del poder judicial. Y subraya, entre otros detalles, que el 47% de jueces no son de carrera, perciben bajos salarios que les predisponen a incurrir en actos de corrupción, no tienen estabilidad laboral y, por ende, responden a las presiones del poder que les puso en su cargo.

Añade que el Estado destina un “presupuesto precario” del 0,5% de los recursos públicos al sistema judicial, solo existe defensa pública en el 29% de los municipios; el hacinamiento carcelario es del 217%, agravado por el excesivo e ilegal uso de la detención preventiva que, a todas luces, viola los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, y alerta sobre el incremento de 50% de detenidos preventivos en los últimos tres años.

Aparentemente, con intención del matizar un poco los datos ciertamente críticos, destaca la creación de la Comisión Nacional de Seguimiento de Casos de Feminicidio, pero omite un importante detalle: esta comisión fue necesaria para investigar la liberación de feminicidas y violadores seriales que fueron favorecidos por jueces corruptos, y que reincidieron en su conducta criminal.

Finalmente, ante la crítica situación, la CIDH hace un urgente llamado al diálogo y consenso para la selección de candidatos para las próximas elecciones judiciales. Paradójicamente, mientras la Comisión verificaba la crítica situación de la justicia, en la Asamblea Legislativa, el MAS, unido, aprobó un reglamento carente de consenso para seleccionar a los postulantes para los más altos tribunales del Estado. 

Claramente, la situación de la justicia es una herida abierta en la democracia boliviana. El problema es que nadie parece estar dispuesto a hacer un cambio de fondo, y sin justicia independiente no hay democracia verdadera.