El miércoles 29 de marzo se inició el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y la oposición hizo conocer varias observaciones, tanto de forma como de fondo.

Una de las observaciones se refiere al requisito de no militancia política para postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), toda vez que el candidato debe acreditar, en el momento de presentar su nombre, que no es parte de ningún partido político o agrupación ciudadana.

Es decir, si una persona ha estado inscrita como militante por varios años, puede registrarse para postular a un cargo en el TCP, siempre y cuando retire su nombre del partido incluso horas o minutos antes de formalizar su inscripción.

En este punto se debe observar que la persona que retira su nombre de un determinado partido político, con el fin de poder participar de esta preselección, no deja de ser de la noche a la mañana afín al mismo, por lo que lo más probable es que sus acciones como autoridad, en caso de ser elegida, se guíen bajo criterios políticos antes que estrictamente legales.

Oficialistas y opositores han estado repitiendo con insistencia que la justicia carece de credibilidad y es manejada por magistrados que no son idóneos para estos cargos, por lo que esta elección, que se prevé para octubre próximo, debería marcar la diferencia entre una justicia socavada por la corrupción y una que sea idónea.

Y para que la justicia sea imparcial, oportuna y, sobre todo, justa, se requiere de los mejores hombres y mujeres, que no solo hayan adquirido los conocimientos que son necesarios para administrar los órganos judiciales, sino también que tengan la entereza moral para llevar por buen camino a las entidades del sistema judicial.

La oposición ha señalado que lo mejor para la salud de la justicia es dejar de lado el reglamento aprobado por el MAS e iniciar la elaboración y discusión de una nueva norma que permita calificar con ecuanimidad a los mejores profesionales que estén a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Legisladores del MAS aseguran que es posible cambiar o corregir algunos puntos del reglamento, pero para futuras elecciones judiciales.

Es importante que las comisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional que están a cargo de calificar a los postulantes, dejen de lado su afinidad política y seleccionen a quienes tienen el mejor perfil para ocupar estos cargos en los próximos cinco años, porque la justicia requiere con urgencia un plan de salvataje para salir adelante.