La justicia y su crisis fue el quinto punto que abordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que este viernes presentó su informe preliminar. Según el reporte, las personas que entrevistaron los delegados coincidieron en su totalidad en denunciar este extremo, dijeron los delegados.

“A pesar de los avances identificados desde 2007 y de los esfuerzos para avanzar con reformas al sistema de justicia, en el marco de la visita, recibimos preocupante información sobre la falta de independencia, debilidad, ineficiencia, y falta de transparencia del sector de la Justicia”, señala el párrafo décimo tercero del informe preliminar.

Los delegados de la CIDH se reunieron con los litigantes, con las autoridades judiciales y las autoridades ejecutivas del Estado en los cinco días de esta semana y presentaron su informe que es crítico en cuanto a la justicia, pese a que similares criterios ya fueron vertidos por otros informes internacionales sin que se haya realizado alguna tarea de reforma.

El reporte asegura que esta falta de acceso a la justicia tiene dos vertientes, la primera caracterizada por falencias normativas y debilidades institucionales; y la segunda, por la ausencia de independencia judicial. En este último punto afirmaron que en Bolivia la justicia se manejó de manera instrumental dependiendo de los intereses del poder político en turno.

Los mismos fiscales que acusaban de fraude electoral en 2019 a los masistas, acabaron acusando por terrorismo en 2021 a los partidarios de Áñez. “No resulta claro si estas debilidades del sistema de justicia obedecen a fallas estructurales o a una manipulación del derecho penal”, señala el documento.

Fue en este marco que los delegados recibieron las denuncias de la existencia de al menos 200 personas detenidas y encarceladas por razones políticas, algo de lo que no quisieron abordar en la conferencia de prensa.

La falta de acceso a la justicia en el área rural también fue destacado en el informe y concluyeron que existen barreras de tipo físico, cultural y lingüístico que impiden a los indígenas acceder a ser atendidos por juzgados en el lugar preciso. Y censuró que la Ley de Deslinde Jurisdiccional en realidad transfiere varias competencias de la justicia indígena originaria campesina a la justicia ordinaria.

“La CIDH ha recibido testimonios preocupantes que indican que con frecuencia, juezas, jueces y fiscales solicitan dinero a las personas acusadas a cambio de recuperar su libertad o no ser condenadas, o acceder a medidas alternativas o beneficios”, señala el reporte.

La preselección

Respecto de la reciente tarea de preselección para altos cargos de magistrados, la CIDH abogó por una concertación integral de todos los partidos políticos con presencia parlamentaria y que permitan una adecuada preselección de candidatos, la condición primordial debiera ser otorgar la independencia judicial.

“La CIDH se ha pronunciado en el sentido de que un proceso adecuado de nombramientos y selección de magistrados constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia”.​