Una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la que se produjo este 2023 se realizó hace 17 años, en 2006, desde entonces no había llegado una visita que haga una revisión del estado de derechos humanos que hay en el país. Los 25 integrantes de la comisión recordaron que en ese entonces hubo problemas identificados que persisten en la actualidad.

Subrayaron desafíos vinculados con la inclusión social de personas históricamente excluidas; institucionalidad democrática; independencia e imparcialidad del poder judicial; y el acceso a la justicia en materia penal, incluyendo las violaciones a los derechos humanos en tiempos de dictadura.

Después de 17 años, en la presente visita, la Comisión pudo observar avances en materia de inclusión y participación social sin precedentes, que partieron del reconocimiento constitucional de un Estado plurinacional. 

Al mismo tiempo, identificó desafíos estructurales que persisten en el país; así como el recrudecimiento de situaciones preocupantes de violencia partidista, producto de una extrema polarización política, que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana que urge ser superada.

Estos fueron los siete ejes encontrados: 

-Primero: a pesar del reconocimiento de Bolivia como nación plurinacional, a la CIDH le preocupa que algunos pueblos indígenas han expresado no sentirse incluidos en las políticas públicas. El pueblo Afroboliviano, demandó participación en las instancias de representación, así como de situaciones de discriminación e intolerancia contra este grupo étnico-racial.

-Segundo: se valora positivamente la reducción de los índices de pobreza y pobreza extrema en el país; así como los datos de recuperación económica tras la pandemia del Covid-19, también destacan la implementación del SUS; Sin embargo, se debe fortalecer este último sector con una mayor dotación de personal y tecnologías sanitarias.

También recibieron información sobre la contaminación de ríos y sus impactos en la salud por la minería y uso indiscriminado de mercurio; también el avance de la carretera en el Tipnis y TIM, proyectos que no cumplieron los mecanismos de consulta previa.

Llegaron denuncias sobre el aumento de la deforestación, avasallamientos de tierras e incendios, producto de la expansión agrícola sin control en áreas protegidas.

-Tercero: Destacaron los avances en materia constitucional y de la promulgación de una ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Pero pese a las tareas, 17 años después de la visita in loco, persisten los elevados niveles de violencia de género, feminicidios, violencia sexual contra niñas y adolescentes, embarazos de niñas, y que existe una escasez de los servicios de asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y refugios adecuados para las sobrevivientes.

Asimismo, continúan los obstáculos para que las menores de edad y mujeres del área rural puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, pese a una sentencia constitucional que ampara esa decisión.

-Cuarto: Sobre libertad de expresión, los líderes de las movilizaciones no controlan las mismas y se impone la violencia. Se mencionó el caso especial de Santa Cruz durante el paro de 36 días. La CIDH conoció de denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza policial, alegaciones que, según lo indicado por el Estado, se encuentran en investigación.

Los delegados fueron informados que, tras la detención del gobernador de Santa Cruz, el 28 de diciembre, se registraron episodios de fuertes enfrentamientos entre civiles, ataques a la Policía Nacional, quemas de instituciones públicas, incluyendo la destrucción de la sede de la Fiscalía Departamental.

También tienen los reportes de ataques a los periodistas, quienes documentaron al menos 44 casos de agresiones; aunque el Gobierno afirmó que los casos están en “investigación”, los dirigentes de los comunicadores informaron que los mismos ya fueron desestimados por las autoridades del Ministerio Público.

-Quinto: falta de acceso a la justicia, la gente no accede a la justicia por dos razones: falencias normativas y debilidad institucional caracterizada por la ausencia de independencia judicial. Largos procesos penales, reiteradas extensiones de detenciones preventivas, personas con sentencias cumplidas sin orden de libertad, se observa un retardo procesal particularmente en los casos de violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes.

Los datos indican que el 47% de las juezas y jueces de la Jurisdicción Ordinaria del país no son de carrera. Esto compromete a la independencia judicial; existencia de tipos penales poco claros y objetivos tales como sedición, terrorismo o incumplimiento de deberes. Los indígenas tienen muchas dificultades de acceso a la justicia.

Sexto: se observa una falta de recursos asignados a las instituciones de derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, ausencia de recursos para el Órgano Judicial, lo que provoca las denuncias de actos de corrupción y cobro de las autoridades a los litigantes para favorecerlos con un fallo judicial o una resolución  fiscal.

Las denuncias presentadas provocan la ineficiencia del sistema judicial en la medida que impiden al sector justicia cumplir con su mandato. Ello se refleja en el retardo procesal y en el elevado número de años que algunas personas permanecen en detención preventiva. Hay preocupación por el hacinamiento de prisiones que llega a un 217% de la capacidad de los centros. Asimismo, en los últimos 3 años, se ha presentado un incremento del 50% en el número de la población penitenciaria. La Comisión advierte que los desafíos hasta aquí señalados provocan una falta de confianza por parte de la población en el sistema de justicia que pudo ser observada ampliamente durante la visita.

Séptimo: los reos informaron de deficiencias en la atención médica, los médicos son insuficientes, no hay medicamentos, no hay prestación regular de servicios de salud sexual y reproductiva; escasez de agua y alimentos en los penales, no tienen espacios exclusivos para recibir visitas, dificultades para acceder a la educación superior.