En su informe preliminar sobre su visita a Bolivia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó una situación social polarizada que ha llevado a una fractura en el país, pero además otros factores de preocupación como la falta de independencia judicial.

Si bien la CIDH, destacó el avance en la inclusión y participación social, al mismo tiempo identifico grandes desafíos estructurales que persisten hoy en el país.

En ese sentido observó “recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de la violencia partidista producto de una extremada polarización política que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada”.

En ese marco, la comisionada Esmeralda Arosemena advirtió que la polarización fue profundizada por las heridas abiertas del conflicto de 2019.

Sin embargo, señaló que la sociedad boliviana en su conjunto tiene hoy una oportunidad excepcional para revertir la situación actual, hacia una nueva etapa de reconciliación.

Alentó a generar verdaderos espacios de consenso, que permitan trabajar un sentido de destino común en la diversidad, que facilite la comprensión mutua. Señaló que consensuar significa renunciar en ocasiones a aspiraciones personales o partidistas en aras de alcanzar el bien común.

Arosemena instó a autoridades y líderes que contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la reconstrucción del tejido social boliviano. 

La Justicia

La Comisión observó que en materia de Justicia existen problemas como falencias normativas, debilidades institucionales y la ausencia de una Independencia judicial, lo cual ha llevado  a una falta de confianza por parte de la población.

“En Bolivia históricamente la Justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político en turno, falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante esta visita”, señala el informe.

El documento indica que no resulta claro si estás debilidades del sistema de Justicia obedecen a fallas estructurales o a una manipulación del derecho penal, pero enfatiza que a todos los sectores de la sociedad boliviana les beneficiaría una profunda reforma del sistema de Justicia que garantice una plena y efectiva independencia judicial.

En ese marco, la CIDH consideró que el proceso de selección de integrantes de las altas cortes es una oportunidad histórica para el país de un dar el primer paso hacia una reforma integral del sistema de la administración de Justicia, partiendo por asegurar la independencia judicial.

Convocó a que haya una concertación de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Plurinacional para la preselección de candidatos a magistrados, de cara a las elecciones judiciales de este 2023. 

Pidió que este proceso de selección sea administrado según los estándares interamericanos. “Un proceso adecuado de nombramientos y selección de magistrados constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia”, agrega.

Preocupaciones de la CIDH

Entre otros aspectos, el informe expresó preocupación  de  que algunos pueblos indígenas hayan expresado no sentirse incluidos en las políticas públicas.

También expresó preocupación por elevados niveles de violencia de género feminicidios, violencia sexual contra niñas y adolescentes, embarazos de niñas y que existe una escasez de los servicios de asesoramiento psicosocial, asistencia jurídica y refugios adecuados.

Le preocupa, asimismo, la escalada de agresiones a personas periodistas en los últimos años, particularmente en Santa Cruz, que incluyeron agresiones físicas severas, la retención contra su voluntad, la destrucción de equipos y ataque a infraestructuras de medios de comunicación.

Reiteró que le preocupa la existencia de tipos penales poco claros y objetivos, tales como la sedición, el terrorismo, incumplimiento de deberes. Al respecto, la CIDH recibió testimonios de alrededor de 200 personas detenidas que se autoidentifican como presos políticos.

El informe preliminar completo