No hay nada más triste que el síndrome del esclavo que no se rebela: un país sometido por un sistema de injusticia, y que parece no darse cuenta de ello. Peor aún, un esclavo que concilia con sus verdugos.

La distorsión de la no-justicia que se vive en Bolivia tiene su origen en las elecciones judiciales de 2017. En aquella oportunidad más del 70% votamos nulo o en blanco, de manera que los magistrados nominados por el MAS por afinidad política (casi todos ellos habían sido ya funcionarios del Estado masista), fueron elegidos con porcentajes ridículos: 10% o 12% de votos, o menos. No valió de nada el voto de censura de la mayoría que se expresó claramente en contra de la manipulación autoritaria de Evo Morales, el prepotente cacique acostumbrado a tener de rodillas al sistema judicial.

Ahí está el origen de la podredumbre de la justicia en Bolivia, donde no existe ninguna independencia del poder Judicial sino una supeditación absoluta a los designios del poder Ejecutivo, como en Nicaragua o Venezuela.

Deduzco que 400 mil empleados públicos y sus familias tienen miedo de perder su fuente de ingreso. Por algo los gobiernos del MAS hicieron crecer la burocracia como nunca antes en la historia: la multiplicaron por cuatro para mantener a un ejército de servidores civiles inútiles pero obsecuentes, a quienes humillan día a día obligando a salir en manifestaciones de apoyo al Gobierno, quitándoles parte de sus salarios o pidiéndoles “cuotas” (sin recibo) para el partido que ha asaltado el Estado.

Contra todo ese sistema de injusticia que impera en el país, que nunca fue bueno pero que se ha deteriorado hasta el límite de lo grotesco en tiempos del MAS, debemos todos firmar la iniciativa de los juristas independientes para mejorar el proceso de selección de magistrados.

Contrariamente a quienes al oponerse le hacen un favor al MAS, los cambios que se quieren lograr a través de un referendo no alteran aspectos fundamentales de la Constitución Política del Estado (CPE), pero la mejoran. Toda Constitución es perfectible, y en el caso de la Constitución boliviana no habría realmente razón para defender a brazo partido una CPE que fue forzada por el MAS y aprobada entre gallos y media noche en un cuartel.

Me hace gracia que algunos amigos que se autodenominan anarquistas defiendan esa Constitución, alejándose de cualquier principio libertario que considera al Estado como una entidad opresora.

¿Qué hay en una firma? Alguna gente es muy celosa de su firma, pero también hay mucha gente miedosa. Bajo regímenes autoritarios siempre se dan los dos perfiles: gente que participa activamente y se la juega contra las dictaduras, y gente que se hace el quite a la lucha, pero no puede impedir que salga a relucir su cobardía y su complicidad.

Aquí no hay donde perderse: nadie, realmente nadie, puede decir que está conforme con la justicia en Bolivia. Ni el propio Gobierno se atreve a hacer una afirmación de esa naturaleza. Dentro del MAS llueven acusaciones entre los diferentes sectores, sobre las falencias y la corrupción en el sistema de justicia.

Sin embargo, hay gente que no quiere firmar, ya sea por miedo o porque en el fondo (y en la forma) le conviene una justicia en la que se pueden comprar jueces, fiscales, abogados. Muchísimos usan esa justicia corrupta para enriquecerse, o porque les permite violar las leyes, y salir bien librados de juicios civiles y penales.

Frente a esa corrupción generalizada no sólo en el sistema de justicia sino en la sociedad boliviana en general, es nuestro deber ciudadano firmar para alcanzar el millón y medio de firmas que requiere la reforma de la justicia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), que es otro nido de masistas, ha puesto la vara muy alta y múltiples trampas en el camino para impedir que lleguemos a esa cifra, pero cada firma vale millones, así que firmemos todos por una Bolivia más justa.