Es natural el rechazo indignado que provoca la presencia, el lunes en La Paz, de Joel Hernández  —relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— en un acto político gubernamental de desagravio a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que condujeron en 2019 un proceso electoral fraudulento y de nefastas consecuencias para el país.

Esa indignación se agrava con la sospecha, inevitable, de que la presencia de ese comisionado en aquel acto implica que el trabajo de la actual misión de la CIDH en el país no será imparcial.

Es evidente el oportunismo del Gobierno al realizar el mencionado acto, precisamente cuando la CIDH está de visita en Bolivia, invitando al único comisionado que viene de México, país gobernado por un régimen de la misma tendencia del MAS, muy condescendiente con el expresidente boliviano que iba a beneficiarse del fraude electoral de 2019, y hostil hacia la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual la CIDH es un órgano principal y autónomo.

Ese oportunismo e instrumentalización oficialista de la visita de la CIDH a Bolivia es aún más evidente si se toma en cuenta que Hernández, en julio de 2020, cuando era presidente de ese órgano de la OEA, manifestó, desde su cuenta oficial en una red social, su simpatía con el expresidente y jefe máximo del MAS.

Meses antes, la actitud de este comisionado en Chile —cuando visitaba ese país en una misión de la CIDH similar a la que tiene lugar ahora en Bolivia— mereció el repudio de más 50 organizaciones chilenas de defensa de los derechos humanos y la democracia —además de otras de la sociedad civil— y de cerca de 100 personalidades ligadas al mismo propósito.

“Lo que más pasaba por mi mente era ver el abuso del derecho penal en contra de personas que simplemente estaban haciendo su trabajo”, dijo Hernández , refiriéndose a los exvocales, durante el acto político al que lo invitaron “de manera paralela al programa” de la misión de la CIDH. Una misión que tiene el fin de observar “la situación de derechos humanos en el país, con enfoque en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los Órganos del Estado (…) y a las garantías judiciales”.

¿Qué opinará Hernández de la inexistencia de esas garantías judiciales y la burla total que perpetran jueces y fiscales en los casos de persecución judicial con fines políticos, como el que sufre la expresidenta Áñez?

¿Cómo irá a considerar la CIDH, en su informe final sobre la visita que realiza al país, la imposición de la mayoría parlamentaria del MAS de un reglamento para la preselección de candidatos a altos magistrados que garantiza a ese partido la continuidad de su dominio sobre el Órgano Judicial?