Marco Pumari y yo quedamos en malos términos. En los días previos a las últimas elecciones generales, al excívico no le gustaron los enfoques de las notas que se publicaban en El Potosí y él me escribió al WhatsApp para reclamarme. Como yo no di mi brazo a torcer, él se enojó y me mandó un último mensaje haciéndome saber su molestia. Y hasta ahí llegamos. Meses después fue detenido en el mayor operativo policial que fue ejecutado en Potosí.

No volví a verlo sino hasta el viernes 24 de marzo recién pasado. Se programó una audiencia presencial y él tenía que llegar hasta el juzgado. Lo esperamos y, cuando salió, custodiado y por un acceso directo a las carceletas, pasó de largo, sin mirarnos. Enfrente de la puerta de la sala de audiencias estaba su hija, una niña como diez años a la que él corrió a abrazar. Por primera vez en todos los años que lo conozco, lo vi llorar. Lo escuché decirle “no estuve el Día del Padre… perdoname” y yo también me quebré por dentro, aunque tuve que disimularlo, porque estaba trabajando. Soy padre y pude sentir su dolor, uno que está por encima de las diferencias humanas.

Pumari no es santo de mi devoción, pero, abogado como soy, sé que está detenido injustamente. El juicio en su contra ni siquiera ha comenzado, pero él ya lleva encerrado más de un año. No tengo ni idea de cómo será su vida tras las rejas. En igual situación se encuentra otro cívico, Ramiro Subia —con el que también confronté en el pasado, al extremo de amenazarnos a golpes— y, cuando se conecta con alguno de nosotros, percibimos que a veces se quiebra. Vive oculto porque, cuando intentó trabajar en algún lugar del área rural, lo reconocieron y denunciaron. Por eso es que no tiene acceso a atención médica. Eso mismo debió pasarle a Juan Carlos Manuel, quien finalmente murió en la clandestinidad.

Ahora bien… ¿la situación de estas personas no son violaciones a los derechos humanos? Encima de que tenemos la peor justicia del mundo, tenemos que ver —y ellos sentir— cómo se la usa con fines partidarios, ahora, incluso, con total desfachatez. 

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDJ) está en Bolivia en estos días. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia y el Comité Cívico Potosinista le han pedido que visite Potosí, para ver por lo menos la situación de Pumari, pero la solicitud no fue aceptada. Los tres delegados visitan las tres ciudades del eje central, que por eso mismo son las más cómodas, y Sucre, que es la sede del Órgano Judicial, pero no se sabe que hayan respondido positivamente a las demandas de revisar la situación de Bolivia, donde el aparato judicial y policial juegan a favor del gobierno, en detrimento del resto de la gente.

Si no va a revisar los casos de evidente injusticia, ¿a qué vino la CIDH? Las fotografías posadas parecen una respuesta.