Los cinco miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cumplen hoy, jueves, su cuarto y penúltimo día en Bolivia, adonde llegaron con el propósito de mantener reuniones con autoridades y representantes de organizaciones sociales para medir el grado de cumplimiento de las recomendaciones que hicieron con anterioridad.

El primer día fueron recibidos por el vicepresidente David Choquehuanca; el ministro de Justicia, Iván Lima, y el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta. Más tarde, por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, y por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. Luego, visitaron la cárcel de Obrajes en La Paz y se reunieron con organizaciones de la sociedad civil.

La propia misión confirmó que estuvieron con la expresidenta Jeanine Áñez, con el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y con el dirigente cocalero César Apaza, entre otros detenidos en el Centro de Orientación Femenina de Miraflores y en la cárcel Chonchocoro. En todos estos casos, los comisionados recibieron denuncias similares: vulneraciones de derechos, abusos de la figura de la detención preventiva, politización de la justicia en el país, es decir, falta de independencia de los órganos del Estado.

Sin lugar a dudas que los casos de Áñez, Camacho y Apaza, además del que corresponde al excívico Marco Antonio Pumari —a quien no han visto, pues Potosí no se encuentra entre las cuatro ciudades seleccionadas por la CIDH para esta visita “in loco”—, acaparan la atención mediática, pero la situación general de la justicia nacional está afectando de manera negativa a miles de personas recluidas —la mayoría, hacinadas— en diferentes recintos penitenciarios en el país.

Sin embargo, una actuación de la CIDH resultó especialmente llamativa y fue la que encabezó su relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, Joel Hernández, quien sorprendió a muchos al participar de un acto público “de desagravio” a los exvocales que se desempeñaron en el Tribunal Supremo Electoral (TSE)  durante la crisis política y social de 2019. Esa actividad estuvo organizada por el Gobierno.

“Lo que más pasaba por mi mente era ver el abuso del derecho penal en contra de personas que simplemente estaban haciendo su trabajo, y que muchos de ustedes se presentaron voluntariamente a la Fiscalía, porque no tenían nada que temer. Porque si había alguna acción, esa acción tendría que realizarse de acuerdo al Estado de Derecho”, dijo Hernández en la oportunidad.

Tras negarse en dicho acto que en 2019 hubiera habido un fraude electoral y, por el contrario, afirmarse que hubo un “golpe de Estado”, sus opiniones fueron rechazadas tajantemente por políticos de la oposición y también por representantes de organizaciones ciudadanas con duros calificativos como, por ejemplo, “decadente” o “vergonzoso”; en general, varios personajes de la vida pública del país tomaron la participación de Hernández como “desatinada”.

Esto último es lo que se aproxima más a la realidad. No estuvo atinada la decisión del Relator de la CIDH de acudir a la invitación de esta actividad en el Ministerio de Justicia cuando no se han cerrado, ni mucho menos, las heridas de lo acontecido en octubre y noviembre de 2019, con el doloroso saldo de enfrentamientos entre bolivianos, dentro de un proceso de polarización política que sigue en curso. Lógicamente que esa decisión echó un manto de dudas sobre la imparcialidad de la misión visitante del país.