Una indígena chimana de poco más de 80 años acaba de recibir su carnet de identidad, el primero en su vida. Ella llegó a Colorado, la comunidad donde se lleva a cabo la campaña de carnetización, que, en su segunda fase, tiene el fin de otorgar certificado de nacimiento y carnet de identidad a las personas que no cuentan con estos documentos o requieren renovarlos.

Colorado es la sede de las 13 comunidades que forman el Subconsejo Chimán Sector Yacuma, ubicado a los costados de la carretera que une los municipios de Rurrenabaque y Yucumo, ambos del departamento amazónico de Beni.

Es la segunda semana de diciembre de 2022 y llegaron hasta este punto al menos unos 50 chimanes por día. Vinieron desde distintos lugares y para ello muchos tuvieron que recorrer entre una y tres horas en motocicleta, debido al limitado acceso a sus comunidades. Muchos hicieron ese tramo a pie.

“Nuestros padres tienen muchos años sin (ser) reconocidos. Ahora estamos con estos documentos, porque más antes no había colaboración de instituciones, pero como sector Yacuma vamos a estar documentados como 488 habitantes”, explica el presidente del Subconsejo Tsimane, Rosendo Merena.

Esta segunda fase de la campaña de carnetización es la continuación de la primera, realizada a inicios de septiembre de 2022, cuando arribaron hasta acá generaciones enteras, desde la bisabuela, abuela, madre, hija y nieta, sin   documentación.

Así explicó la hermana Gladis Montecinos, misionera Carmelita, quien hizo la gestión para que el Servicio de Registro Cívico (Sereci) y el Servicio General de identificación Personal (Segip) llegaran a este lugar para brindar los certificados de nacimiento y carnets, respectivamente.

La hermana es parte del núcleo de derechos humanos de la Red Eclesial Panamazónica Bolivia (Repam) y es una incansable promotora de la restitución de derechos del pueblo chimán. Durante el proceso se la ve ajetreada para que todo salga bien y, además, para que los indígenas que llegaron hasta acá, y que deben esperan varias horas, cuenten con alimentación.

INDÍGENAS EN PRIMER CONTACTO

Los chimanes forman uno de los 36 pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente y están en primer contacto o contacto inicial con el Estado, lo que quiere decir que no están totalmente integrados a la sociedad nacional. Así lo hace constar el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2013), a partir de la información del gobierno boliviano. Ese documento resalta que es uno de los 10 pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) en Bolivia.

Debido a que los chimanes vivían en el bosque y tienen una cultura itinerante por medio de este, fueron invisibilizados por el Estado. Por ello, cuando llegó el saneamiento de tierras a la Amazonía derivó en que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no los tomara en cuenta para sus derechos territoriales.

Los chimanes son parte de pueblos que ancestralmente habitaron estas tierras, pero que la invisibilización estatal ocasionó que no se reconozca su identidad y, por ende, sus otros derechos constitucionales.

Similar situación se dio con los ese ejjas de Eyiyoquibo, —que se traduce literalmente como “pie de montaña” en idioma nativo—. Este territorio, ubicado en el área periurbana de San Buenaventura, municipio de la Amazonía del departamento de La Paz y colindante con   Rurrenabaque.

Allí también llegó la brigada de saneamiento, a partir de las gestiones que realizó la Asamblea departamental de la Gobernación de La Paz, para que además de la carnetización se haga revisiones médicas en esa comunidad y en Toregua, población que es habitada por comunarios lecos, río arriba.

La cultura de los ese ejjas es transfronteriza, viven entre los ríos de Bolivia y Perú desde antes de la Colonia, y en el territorio boliviano este pueblo indígena se mueve entre Pando, Beni y La Paz. También se trata de un pueblo en contacto inicial y en condición de vulnerabilidad, debido a que sus derechos fueron    rezagados.

En Eyiyoquibo, de las más de 100 familias, con un promedio de ocho personas, más de doscientas personas iniciaron sus trámites, de acuerdo con el asesor técnico de la Comisión madre Tierra y Medioambiente de Asamblea Departamental de la Gobernación de La Paz, Edwin Chambi.

PROBLEMAS EN EL PROCESO

Durante la segunda fase, tanto en Eyiyoquibo como en Colorado, se presentaron algunos problemas en el proceso de carnetización. Uno de ellos era que los chimanes, por ejemplo, tenían documentos duplicados. Lo que hacía demorar el proceso y ponía en conflicto a los chimanes que poco o nada entendían lo que ocurría, pues ellos, además, no hablan  español.

Otro de los problemas es el acceso al costo de los documentos. En el caso de Colorado, la hermana Gladis hizo las gestiones con diversas instituciones de derechos humanos y personas para cubrir algunos de los gastos, como el precio del certificado. En el caso de Eyiyoquibo, solo medio centenar fue cubierto por la Asamblea Departamental. El resto tuvo que pagar los costos. Pero ese inconveniente limitó a que muchos accedan a este derecho, pues no cuentan con recursos económicos suficientes para hacerlo.

Chambi explicó que esa situación se debió a que cuando el Capitán Grande, autoridad de la comunidad, hizo la gestión no explicó que muchas personas mayores de edad no contaban siquiera con certificado de nacimiento.

“Había personas de 21 años para arriba que ni siquiera habían tenido registro, y esos datos no cubre el Sereci sino el oficial de registro civil, que cubre timbres y membretes para hacer el certificado correspondiente. Era que el Capitán haga conocer en el momento de la audiencia para que en este punto podamos viabilizar y facilitar las inscripciones”, justificó.

Sin embargo, Edwin Lurisi, capitán grande, manifestó que sí hubo compromiso para que todos los trámites sean gratuitos. El asesor se comprometió que en una próxima campaña se gestionará la gratuidad de todo el proceso.

Para instituciones que trabajan con derechos de los pueblos indígenas este tipo de situaciones se debe a que el Estado aún no ha generado protocolos para atender a pueblos indígenas en contacto inicial.

“Esto no se ha entendido por instituciones del Estado. No se promueve que se apoye, se financie, se subsidie (los costos). Desde el Estado no está bien claro la sensibilidad, la comprensión. No hay decisiones estratégicas detrás de esto y sobre todo el servicio que tiene que prestar el Estado respecto a estas comunidades indígenas”, afirma el director de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero.

INDÍGENAS SIN TERRITORIO

Además de su condición de indígenas en contacto inicial, los ese ejjas y los chimanes compartían la falta de acceso a territorio.

La cultura de los ese ejjas es transfronteriza. En el territorio boliviano, este pueblo indígena se mueve entre Pando, Beni y La Paz. Esto se debe a que son pescadores y se internan en el río por meses.

En el caso de quienes son parte de la comunidad de Eyiyoquibo, esa condición los invisibilizó ante el Estado, principalmente durante el proceso de saneamiento de tierras bajas iniciado en la década de 1990. Por ese motivo, actualmente no cuentan con territorio indígena, así lo explica el estudio “Ese ejjas de Eyiyoquibo, pueblo indígena en contacto inicial: Entre territorios cercados y medios de vida en crisis”, realizado por la Fundación Tierra, en alianza con Welthungerhilfe (WHH).

“Cuando las brigadas del INRA empezaron el trabajo de campo, la reacción del pueblo ese ejja fue retrotraerse (irse al río en busca de nuevas zonas), lo que los invisibilizó como sujetos de derechos territoriales, y sus territorios ancestrales fueron apropiados por terceros con capacidades de cumplir con los trámites administrativos”, destaca la investigación.

Esa situación hace que, por donde antes transitaban libres, los ese ejjas deban pagar una suerte de impuesto, por ejemplo, a los indígenas del pueblo tacana. Tal extremo pone en riesgo la subsistencia del pueblo y de su cultura, pues, como destaca el informe, para los pueblos indígenas que tradicionalmente viven de la pesca y de otros recursos del río, este es esencial: “No es solo un bien de consumo o medio de transporte, sino su territorio en sí mismo”.

Para los ese ejjas, efectivamente el río lo es todo, y para los habitantes de Eyiyoquibo, es la fuente de recursos para sostenerse; además, es el proveedor principal de su ya escasa y poco variada alimentación.

Si bien en 2021 el INRA dotó 932 hectáreas, no lo hizo en las condiciones óptimas, como resalta el mencionado informe de la Fundación Tierra. Esta se hizo en calidad de dotación ordinaria, como si fueran campesinos, y no como territorio indígena, tal como correspondía, por lo que beneficia solamente a 27 familias.

Además, estas nuevas tierras están a una distancia de 43 kilómetros en línea recta desde Eyiyoquibo y no cuenta con acceso al territorio, es limitado por la falta de servidumbre de paso.

Irene Mamani, coautora de la investigación, insiste en que un pueblo indígena sin territorio está destinado al etnocidio e, incluso, al genocidio.

Similar invisibilización ocurrió con los chimanes del sector Yacuma. Por ello, las comunidades que lo conforman no están reconocidas legalmente. Esta zona tiene conflicto de propiedad con los denominados interculturales que son indígenas migrantes de tierras altas, parte andina de Bolivia, que cuentan con títulos agrarios.

Chumacero explica que el hecho de no haber tenido certificados de nacimiento y carnet de identidad limitó el derecho al acceso a territorio. “Tener estos documentos permite que accedan a una serie de derechos, desde acceder a un servicio de salud y trámites elementales desde que no puedas ingresar a una oficina del Estado porque te piden un carnet y ni que se digan las cuestiones de saneamiento de tierras y los derechos agrarios”, asegura el    investigador.

Y al no tener territorio, además, se vulneran otros derechos, por ejemplo, el acceso a la educación, salud y a una seguridad alimentaria. Ello sucede con ambos pueblos. Por ejemplo, los ese ejjas tienen altos niveles de desnutrición y, además, de mercurio en la sangre, porque el río Beni, donde pescan, está contaminado por la minería aurífera.

En el caso, de los chimanes, ninguna de las comunidades tiene escuela ni posta sanitaria. Por ello, son pocos los niños que están escolarizados.

POCAS MEDIDAS ESTATALES

Al respecto el Estado no realiza ninguna acción, pese a la jurisprudencia internacional. Por ejemplo, el Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, que tiene la Sentencia 17 de junio de 2005 de la Corte IDH habla que una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan.

“En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria”, destaca el documento.

Sin embargo, el Estado boliviano no generó mecanismos ni políticas públicas para relacionarse con estos pueblos, como sí se hizo en Perú y Brasil. En 2013 se promulgó la Ley 450 de Protección a Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Situación de Alta Vulnerabilidad. Recién en septiembre de 2022 se aprobó el reglamento que, entre otras medidas, dispone la creación de la Dirección General de Protección a Naciones y Pueblos Indígenas Originarios (DIGEPIO).

Entre tanto, los indígenas chimanes y ese ejjas bregan para sobrevivir y acceder a un territorio indígena, que les permita ejercer sus otros derechos fundamentales.