Chile, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay son países que tienen mucho que agradecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su actuación en los oscuros años de la década de los 70 del siglo pasado, ocasión en la que sus pueblos sufrieron las atrocidades de las dictaduras de la seguridad nacional.

Pere hete aquí que el mexicano Joel Hernández, que llegó al país conjuntamente otras personeras y personeros de la CIDH, apareció en la tarde del 27 de marzo de 2023, en un sainete bautizado como “acto de desagravio” a los vocales del Tribunal Supremo Electoral que dirigió desastrosamente el proceso electoral de 2019, montando un fraude monumental que pretendió prorrogar en el poder al binomio Morales – García.

En el sainete, Hernández pidió que los fraudulentos puedan recuperar su proyecto de vida, dijo que le impactó el testimonio de María Eugenia Choque (presidenta del tribunal fraudulento) y cuestionó que se haya obrado así con personas que “solo estaban cumpliendo su trabajo”, como si éste fuera ejecutar fraudes en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo boliviano.

Hernández es la ficha de Andrés Manuel López Obrador en la CIDH y fue, en su momento, férreo defensor de Paulo Abrao, el mentiroso compulsivo echado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH por acoso laboral. Abrao fue, a su vez, la ficha de Lula, luego de que los gobiernos del grupo de Puebla fracasaron en su intento de modificar la estructura y atribuciones de la CIDH en 2013 y decidieron permanecer en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, infiltrándolo y cooptándolo para su servicio.

No sería difícil que Hernández se entere de lo que sucedió realmente en las elecciones de 2019, pero es necesario recordarle que ese TSE a cuyo desagravio concurrió, ordenó paralizar los resultados del TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) el mismo día de la elección, de manera que, al reiniciarse el mismo, se produjo una variación inverosímil de la tendencia que, antes de la paralización, marcaba una segunda vuelta electoral entre los candidatos Morales y Mesa.

Hay que recordarle que fue el mismo Evo Morales quien, al amanecer del 10 de noviembre de 2019, ofreció anular las elecciones y celebrar nuevas con un nuevo Tribunal Supremo Electoral, por el desprestigio de este, comprobado por la OEA.

Que luego de la fuga de Morales y el fracaso de su plan de incendiar el país, asumió la presidencia la Sra. Jeanine Añez, con la conformidad de los asambleístas del MAS, que en aquel momento tenía más dos tercios de miembros, y que, junto con ellos, mediante Ley 1266, se dejó sin efecto las elecciones fraudulentas y se designó un nuevo Tribunal Supremo Electoral, que dirigió las elecciones de 2020. Todo lo que se dice líneas arriba, es fácilmente verificable por las noticias de prensa, varios libros y con solo revisar la Gaceta Oficial de Bolivia.

Tal vez le hubiera impresionado a Hernández escuchar el testimonio que, mientras él desagraviaba a los fraudulentos, prestó la Sra. Nilda Huanca Quequesana, esposa del dirigente cocalero César Apaza, injusta, ilegal e indebidamente procesado y encarcelado, y cruelmente maltratado por defender la ley de la coca.

Decimos “tal vez”, porque cuando uno es fanático y testaferro de alguien, es capaz de cualquier cosa.

En todo caso, lo hecho por Hernández es una vergüenza y echa una sombra de duda sobre el accionar de una institución que supo en su momento ganarse el respeto y la confianza de todos los hombres y mujeres de bien de América Latina. Confiamos en que el resto de comisionados actuará conforme corresponde.