Después de varios meses de mantener un bajo perfil –después de la polémica desatada por la denuncia de un presunto patrocinio ilegal formulada por dos consumidoras financieras en un canal televisivo– reapareció en la palestra el ministro de Justicia, Iván Manolo Lima Magne, y lo hizo como un vendaval: recargado, y ocupándose de los temas más variados.

En enero dictaminó que el vicegobernador de Santa Cruz debería reemplazar al titular, entonces ya preso en la cárcel de Chonchocoro, pasando por encima de las instancias autonómicas, pero también de las instancias competentes del propio gobierno central (Servicio Estatal de Autonomías, Viceministerio de Autonomías). Acto seguido, salió en defensa de los obispos, cuando éstos fueron convocados a pedido de la Procuraduría General, para que declaren como testigos en el caso “golpe I”.

Como si fuera un juez supremo, y no un servidor público con competencias bien definidas por la ley, empezó a declarar en casos concretos: fulano es culpable, mengana es inocente. Pero el colmo llegó la semana pasada, en el espinoso caso de corrupción en la ABC, revelando -para sorpresa de todos– la muerte de un testigo protegido (hecho que habría acontecido hace más de dos meses), a la vez que anunciaba a renglón seguido que el monto total de la coima fue devuelto a las cuentas de la entidad pública, en un bizarro procedimiento con presencia notarial y todo, para, exigiendo exculpar a los ejecutivos de esta entidad pública y urgiendo cerrar el caso, para así terminar con el insomnio de más de una autoridad de gobierno. Si bien esta vez la ley le reconoce al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional apersonarse en los procesos de corrupción o en aquellos que causen daño económico al Estado, lo hace para que coadyuve en castigar los delitos de corrupción, no para perseguir a los denunciantes.

De manera simultánea, anunció que en las próximas elecciones judiciales la diferencia radicará en que esta vez los preseleccionados no serán elegidos por Evo Morales. Afirmación cínica desde todo punto de vista, ya que Iván Lima fue nombrado precisamente por Evo Morales Ayma como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, en 2014, cargo que aceptó y ejerció gustoso por dos años, y que ostenta orgulloso en su currículum en la página web del ministerio. Pero, además, precisamente en las pasadas elecciones judiciales de 2017, el hoy ministro de Justicia estuvo en la terna de preseleccionados para magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional por el departamento de La Paz, habiendo perdido estrepitosamente en la votación popular. Habrá que deducir que tuvo una entrevista con el entonces presidente del Estado Plurinacional para ser preseleccionado y que entonces esa práctica le parecía correcta.

Lo cierto es que el ministro de Justicia nada tiene que hacer en el proceso de preselección y selección de postulantes a ocupar los altos cargos del Órgano Judicial, por lo que sus alocuciones en este tema son, por decir lo menos, comedidas.

El hecho de que el titular de esta importante cartera de Estado esté obrando fuera de las competencias que la ley le otorga a ese ministerio, no sólo que daña a su gobierno (no diremos a su partido porque él se reclama “independiente”), sino que daña a la ya cuestionada administración de justicia, convirtiéndose en una descarada intromisión del Órgano Ejecutivo en el Órgano Judicial.

Para evitar que en el futuro el ministro de Justicia confunda su rol en el gabinete con una suerte de zar de la justicia, no parece buena idea que sea abogado o abogada, sino que sea un ciudadano o ciudadana común y corriente, aún sin formación académica, pero sin intereses creados en el ámbito judicial.