El relator para Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Joel Hernández García, sembró profundas dudas sobre la labor que realizará esa organización en su visita para verificar el respeto a los derechos humanos en Bolivia.

Asistió a un acto político montado para cimentar la retórica de golpe con la que el oficialismo intenta cambiar la historia y hacer creer al mundo que en 2019 en Bolivia hubo un golpe y no un fraude electoral constatado por una comisión de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La desatinada (o tal vez calculada) asistencia a este acto generó una ola de críticas al relator, pero fundamentalmente levantó dudas sobre el papel de la CIDH, que además, también mediante Hernández, a principios de año se ofreció para asesorar en la elección judicial que ahora sabemos que se realizará bajo las reglas definidas por el rodillo oficialista.

Los justificativos nunca faltan y el Gobierno explicó que el acto de desagravio se hizo en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la reparación integral de daños. Ciertamente, una de las 36 recomendaciones que hizo el GIEI señala: “Promover actos públicos para reconocer la dignidad de todas las víctimas y la responsabilidad estatal en las vulneraciones a los derechos humanos. Apoyar y acompañar iniciativas de la sociedad civil para conmemorar y preservar las memorias de lo ocurrido sin imponer versiones únicas sobre los hechos”.

Sin embargo, no dice que estos actos públicos deban estar acompañados por delegados internacionales, por lo que el cuestionado evento pudo haberse realizado cualquier otro día o sin la presencia de Hernández. Pero fue “fríamente calculado” para el día del inicio de la visita del equipo de la CIDH al país.

¿Fue una gran jugada del oficialismo? Podría ser, pero la idea de que Hernández “pisó el palito” no es la que ha calado mayoritariamente en la mente de los bolivianos que no son afines al oficialismo, sino la conclusión de que Hernández comparte ideología con el MAS, por lo cual no habrá imparcialidad en el informe que este viernes entregue la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Hernández finalmente avaló con su presencia un acto de desagravio a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fueron investigados y procesados como actores del fraude ocurrido en 2019. Y con ello dio un espaldarazo a la retórica del golpe.

El relator es considerado una ficha del mexicano Manuel López Obrador, quien dio asilo a Evo Morales tras que huyó del país asediado por las protestas en rechazo al fraude electoral, y ya en 2020 había recibido una queja oficial por un “Me gusta” que desde la cuenta en Twitter de la CIDH se puso a un mensaje de Morales, en el que denunciaba que los bolivianos no solamente luchaban contra el coronavirus, sino que además sobrevivían como podían y “en total abandono”, en alusión al gobierno de transición de Jeanine Añez.

El entonces procurador José María Cabrera envió a Hernández una queja oficial por el respaldo al “mensaje sedicioso” y la respuesta fue que si eso ocurrió “fue un accidente”.

Lo que no parece un accidente es su asistencia, ahora, al acto para reforzar la mentira de que en Bolivia hubo un golpe de Estado en 2019.

¿Que no fue un acto para ello, sino uno de desagravio a los vocales cuyos derechos fueron vulnerados? Pues esto dijo en el acto el ahora embajador ante la OEA, Héctor Arce Zaconeta, dirigiéndose a Hernández: “La verdad finalmente se ha impuesto, en sentido de que en Bolivia jamás hubo un fraude electoral, jamás, nunca; ése ha sido un invento, una mentira política, una situación que ha costado la democracia a un gobierno legalmente constituido”.

En fin, penoso el papel de Hernández en su visita al país, empañando además el trabajo que ahora realizan los enviados de la CIDH.