A diferencia del requisito de no tener militancia política en los últimos ocho años para postular al Tribunal Agroambiental (TA), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM), los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), “el más importante de los órganos judiciales”, pueden renunciar unos días antes de inscribirse. Desde Comunidad Ciudadana (CC) identificaron otras cuatro irregularidades en el reglamento que el MAS aprobó para las elecciones judiciales de octubre.

“No tener militancia en alguna organización política al momento de su postulación”, dice textualmente el inciso 1, del Artículo 20 de requisitos específicos para postular a tribuno del TCP. Contrariamente, para optar al TA, TSJ y CM, la condición señala: “No tener militancia en alguna organización política de carácter departamental o nacional al menos ocho años antes de la postulación”.

El lunes, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con su mayoría, entre evistas y arcistas, el reglamento para la preselección de los candidatos a las elecciones judiciales desoyendo los cuestionamientos de la oposición.

“La pregunta es por qué para postular al Tribunal Constitucional, el más importante de los cuatro órganos judiciales, no exigen también no tener la militancia política por lo menos ocho años antes y solo dicen que es suficiente que no lo tenga al momento de su postulación. Esto demuestra que esto está totalmente digitado y amañado para beneficiar a los postulantes que sean afines al Gobierno y al oficialismo”, denunció este martes el diputado de CC Carlos Alarcón.

Sólo calificarán dos requisitos

Si bien existen 11 requisitos específicos para postular al TCP, 12 para optar al TSJ, 15 para el TA y siete para el CM, la Comisión Mixta solo “controlará dos” de esas condiciones.

“En la etapa de verificación de requisitos específicos, la Comisión Mixta sólo comprobará que el postulante cumpla con los ochos años de experiencia profesional y que cuente con al menos un curso de formación especializada en el área de su postulación”, señala textualmente el inciso II del Artículo 21 sobre Verificación de requisitos.

El inciso II dice que quedará inhabilitado la o el postulante que no tenga la experiencia mínima de ocho años de experiencia profesional o que acredite al menos un curso en el área de especialización. Esa es la segunda ilegalidad.

Al respecto, el diputado Alarcón apuntó: “Es una burla al país poner hasta 15 requisitos específicos y solamente calificar dos. Además al decir un curso, bastará hacer un diplomado para estar habilitado, cualquier puede entrar, porque un diplomado se puede hacer incluso virtualmente”, aseveró el asambleísta que ratificó que la norma fue hecho “a medida del oficialismo para que ganen la elección judicial, los postulantes afines al MAS”.

30 puntos a 15 años de experiencia y 5 a producción intelectual

El diputado Miguel Roca observó que el reglamento otorgue 30 puntos a la experiencia profesional y únicamente cinco puntos a la producción intelectual. Esa se constituye en la tercera irregularidad.

El Artículo 26, sobre “Alcance de la evaluación”, indica efectivamente que la experiencia profesional de más de 15 años se calificará con 30 puntos.

“Si tienes más de 15 años de experiencia ya tienes 30 puntos, basta entonces que tengas más de 40 a 45 años de edad, con 15 años de experiencia para ganar 30 puntos. Contrariamente, la producción intelectual, los libros que hayas escrito sólo valen cinco puntos. Y si se toma en cuenta que el MAS controla el Poder Judicial en los últimos 15 años básicamente esto es otra ventaja para cualquier masista”, puntualizó Roca, de CC. El mismo artículo añade que se asignará 0,5 puntos por libros publicados adicionales.

El diputado cuestionó también que el papel de los comités técnicos que estará conformado por abogados, universidades, auditores y prensa no podrá tener voz y voto. La cuarta ilegalidad.

El Artículo 13 sobre las funciones de los equipos técnicos dice: “Los miembros del equipo técnico no podrán emitir criterios públicos que puedan interrumpir el desarrollo de los procesos de preselección en caso de incurrir en lo señalado ya no podrán participar del trabajo de la Comisión Mixta respectiva”.

Al respecto, Roca señaló que esos comités serán “ornamentales y sólo de acompañamiento”. La oposición había pedido una participación real de la sociedad civil, algo que fue rechazado por el MAS.

La quinta ilegalidad se refiere a cómo durante la ALP, el partido en Gobierno no aprobó con dos tercios el reglamento, algo que para el diputado Alarcón es además inconstitucional. “Consumaron el atropello y la violación a la Constitución al aprobar el reglamento solamente con mayoría absoluta”, apuntó Alarcón que luego anunció que no darán “los dos tercios” en el Pleno en junio para aprobar a los preseleccionados para las elecciones judiciales.

La senadora del MAS, Patricia Arce minimizó las críticas de la oposición al reglamento. “Vamos a seguir trabajando con las otras dos fuerzas políticas para un trabajo conjunto y por el bienestar de la población boliviana”.