En un acto de desagravio por violaciones a los derechos humanos, el Ministerio de Justicia y la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregaron este lunes reconocimientos a los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y al directorio de la asociación de exautoridades electorales víctimas de “persecución política”.

El Ministerio de Justicia preparó una “Sesión de Desagravio a Exvocales Electorales por Violación de Derechos Humanos en el marco de las recomendaciones del GIEI”. En ese acto también participó la delegación de la CIDH.

Los exvocales María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas, Idelfonso Mamani, Edgar Gonzáles, Lucy Cruz y Lidia Iriarte reaparecieron en esta jornada en el salón Rodolfo Illanes del Ministerio de Justicia, donde recibieron reconocimientos preparados por el Gobierno. También se entregó los presentes a la representación del directorio de exautoridades electorales.

César Siles, viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, entregó los presentes a los exvocales del TSE mencionados. En cambio, Joel Hernández García, comisionado de la CIDH entregó el reconocimiento al directorio de las exautoridades electorales.

La expresidenta del TSE, María Eugenia Choque, manifestó que no hubo fraude en 2019 y denunció racismo en su contra.

“El hecho no solamente ha sido para la persona. Señores autoridades qué tenían que ver nuestros familiares y lo más profundo qué tenían que ver nuestros hijos, qué tenían que hacer en este problema, pero han estado ahí, pagando algo que nunca hicieron, y que nunca hicimos. Lo dicen las investigaciones nacionales, los informes internacionales, ahí está, pueden verlo”, señaló Choque.

Para la expresidenta del TSE, este acto de desagravio es una oportunidad de reivindicación para los exvocales.

Por su parte, el representante de los exvocales, Delfín Álvarez, también negó que haya existido un fraude electoral en las elecciones de 2019 y denunció atropellos que sufrieron desde persecución hasta tortura y encarcelamiento.

En noviembre de 2019, los exvocales del TSE fueron procesados y encarcelados por el caso fraude electoral durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Tras la presentación de informes internacionales, los denunciados fueron acusados de irregularidades en las elecciones del pasado 20 de octubre, en el que se dio la victoria Evo Morales.

Sin embargo, en julio de 2021, el caso fue cerrado en el gobierno de Luis Arce Catacora, en base a un documento del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de Bisite, firmado por un docente y dos estudiantes de la Universidad de Salamanca. En ese momento, la Fiscalía desestimó en su totalidad el informe integral de la Organización de Estados Americanos (OEA), alegando que no se trataría de una auditoría.