Las declaraciones de Iván Lima en el sentido de que Evo Morales no hará las preselecciones de las nuevas autoridades judiciales, sino la Asamblea Legislativa, pone en evidencia que los nombramientos de estas autoridades ha sido siempre una decisión política del partido gobernante.

Lima no ha hecho otra cosa que reconocer que las actuales autoridades son azules (por todas las puntas) y, por tanto, todo el proceso de preselección, postulación y designación no es más que una pantomima política, que está a punto de repetirse.

El partido gobernante replicó, en realidad, las viejas prácticas que tanto criticaba, esto es, la lista de preseleccionados fue una imposición del MAS siguiendo criterios políticos, de afinidad, de amistad.

Incluso al momento de la votación en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, circulaba en los pasillos una “plancha” con los nombres de los candidatos que terminaron siendo los elegidos, y ahora cumplen su período.

En el reglamento legislativo (como el que han aprobado ahora) figuraba que debían evaluarse los méritos académicos, el perfil y la experiencia profesional; sin embargo, el proceso de preselección se flexibilizó tanto que en muchos casos se limitó a verificar si el postulante tenía título de abogado u otra profesión (en el caso del Consejo de la Magistratura) y que tenga al menos una antigüedad de ocho años, sin importar si esa persona ejerció su profesión.

Según el informe de la Fundación para el Debido Proceso, las comisiones a cargo de la preselección se encontraron con que apenas “un 10% de postulantes” tenía producción intelectual, esto es, libros u otras publicaciones.

En cuanto al carácter “indígena originario campesino”, bastó la propia autoidentificación. Por último, “las subcomisiones no dieron mucha importancia a los títulos adicionales, como maestrías, doctorados, y otros”, hasta el punto de que este aspecto no apareció en el informe que fue entregado a los asambleístas para que en el pleno se escogiera a los candidatos.

La alta politización de esta preselección y posterior elección de las y los magistrados no sólo afectó la legitimidad y credibilidad de los elegidos sino también ha erosionado la independencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial.

Tal como lo ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la independencia es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor que orilla a las personas a no recurrir a los tribunales.

En consecuencia, un proceso adecuado de selección de las y los candidatos constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los postulantes a la cabeza del Órgano Judicial y del TCP.

La Comisión Interamericana de Derecho Humanos advierte que “cuando no existe independencia en esta faceta se presentan situaciones de subordinación o dependencia de otros poderes o instituciones ajenas a la entidad de justicia que debería ser independiente”. Y recuerda la importancia de un poder judicial independiente que ha sido expresamente reconocida en la mayoría de los instrumentos internacionales y regionales (Garantía para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de derecho en las Américas, Comisión Interamericana de Derecho Humanos, Organización de las Estados Americanos, 2013, pp. 13-14, disponible en http://www.cidh.org).

El perfil y las personas elegidas siempre serán determinantes porque las instituciones son neutras: no son buenas ni malas dependiendo de quién o quiénes las gobiernen y las representen.

En la conformación del primer Tribunal Constitucional, por ejemplo, afortunadamente fueron designados, por invitación del entonces Congreso Nacional, juristas y académicos con auténtico prestigio y experiencia en las distintas disciplinas jurídicas.

Cabe recordar que los 10 primeros magistrados constitucionales (cinco titulares y cinco suplentes), fueron: Pablo Dermisaky Peredo, Hugo de la Rocha Navarro, René Baldivieso Guzmán, Willman Durán Ribera, Elizabeth Íñiguez de Salinas, José Antonio Rivera Santiváñez, Felipe Tredinnich Abasto, Rolando Roca Aguilera, Pastor Ortíz Matos y Alcides Alvarado Daza. Los dos últimos sin embargo renunciaron al cargo. Un verdadero tribunal de lujo que, mientras ejercieron, le cambiaron el rosto a la justicia boliviana.