Las elecciones judiciales previstas para finales de año son el hito político y democrático más importante de la legislatura, pero por el momento, todo va mal. El riesgo de que todo acabe en un fiasco es alto, pues ha sucedido en las dos ocasiones anteriores en las que los bolivianos ya acudimos a las ánforas poco o nada convencidos de lo que había que hacer.

Entonces se articularon sendas campañas por el voto nulo, que luego resultó ser blanco o nulo. Así, los jueces más votados ni siquiera se acercaron al 20 por ciento del padrón y todo quedó deslegitimado, que no anulado: con muchos o con pocos votos, los ganadores de los comicios fueron posesionados y empezaron a administrar la Justicia de este país nuestro tan golpeado.

El primer ciclo, el de 2012 – 2017, se cumplió con muchos grises, pero eran los tiempos en los que todo iba bien con los grandes ingresos hidrocarburíferos, así que nadie se preocupó demasiado por la fiscalización hasta que la legislatura concluyó con la mayor aberración jurídica posible: El Tribunal Constitucional electo por la mínima fue el que dio legalidad a aquel argumento del “derecho humano a la reelección indefinida” antes de salir corriendo.

Con aquella lección aprendida, los electos para la 2018 – 2023 no se han quedado atrás en lo que se refiere a polémicas. El TCP es el mismo que avaló la posesión de Áñez para después decir lo contrario, los que han ratificado la sentencia del Derecho Humano y los que han convertido el órgano constitucional en la enésima cámara de apelación y revisión de sentencias por encima del Tribunal Supremo, y nadie ha dicho nada.

A más, en este último periodo el Consejo de la Magistratura se ha develado como un verdadero nicho de operadores y servidores políticos donde se negocian sin muchos tapujos pegas y otros asuntos del órgano de gobierno de los jueces, pero no pasa nada.

A más aún, en 2022 se descubrieron varias tramas de concusión y confabulación de jueces, fiscales y abogados que trabajaban para sacar de la cárcel a todo tipo de delincuentes por módicos precios, incluyendo feminicidas que huyen y reinciden, pero apenas pasó nada.

La carrera por la elección de nuevos jueces ya está lanzada, y no parece que nadie haya aprendido mucho de los antecedentes: el partido de gobierno aplica el rodillo y la oposición se esconde en consignas y negaciones mientras impulsa un referéndum inviable por los plazos, pero también por la movilización lograda.

Los ciudadanos y el país nos jugamos mucho en la próxima elección judicial. Sin Justicia no hay Estado de Derecho, y sin Estado de Derecho, los abusos se institucionalizan y la construcción de la Patria se hace inviable. Es urgente que la reflexión se amplíe y que tanto el oficialismo como la oposición se comprometan en atender este asunto con visión de Estado, con abrir la puerta a los mejores, con no caer en las tentaciones del poder… Necesitamos una Justicia seria e independiente que tenga ganas de cambiar. El poder es de los ciudadanos, de su voto. Es el momento.

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