Los precandidatos que atraviesen toda la fase de calificación de méritos deben obtener un mínimo de 71 puntos para que sus nombres sean incluidos en la lista que tratará la Asamblea Legislativa. En el caso de las candidatas o los aspirantes indígena originarios, si no alcanzan ese mínimo se habilitará a los siguientes mejores calificados.

“Para pasar a la etapa de preselección a cargo de la Asamblea Legislativa, las y los postulantes deben obtener en la evaluación al menos 71 puntos. Excepcionalmente, a falta de un representante indígena originario campesino o de que no se llegue al cupo de igualdad de género, se habilitará a la o el postulante que tenga la siguiente mejor calificación que sea indígena originario campesino o mujer, según corresponda”, señala el artículo 32 del reglamento de preselección que se tratará mañana desde las 14:30.

El oficialismo apuró la consideración del reglamento aduciendo el cumplimiento de un plazo que estipula la Constitución Política del Estado; mientras que los opositores afirman que esta prisa de los masistas está vinculada al avance de los juristas independientes y la recolección de firmas que exigirá un referéndum que cambie la forma de elección de los magistrados del Órgano Judicial.

La evaluación que plantearon y aprobaron los masistas se divide en cuatro partes: la experiencia profesional, que tendrá un máximo de 30 puntos; luego se realizará la evaluación de la formación profesional y tendrá un valor de 25 puntos; habrá un examen escrito que tendrá un valor de 30 puntos y la entrevista a cada candidato que serán 15 puntos. Las cuatro fases suman los 100 puntos.

En el primer punto, se calificará el tiempo de ejercicio profesional que tiene el precandidato, de tal modo que solo aquellos que tengan más de 15 años de experiencia obtendrá los 30 puntos; los que hayan ejercido su profesión entre 8 a 10 años tendrán un puntaje de 15; y los que hayan trabajado entre 10 a 15 años tendrán 19 puntos. En el caso de los candidatos indígena originario, tendrán dos puntos adicionales si ejercieron el cargo de autoridad indígena.

En el caso de la formación profesional se tomarán en cuenta dos factores: la formación académica y la producción intelectual, en el primer caso el máximo puntaje será de 20 puntos y será para los precandidatos que hayan alcanzado un doctorado o un postdoctorado; mientras que los cinco puntos restantes se asignarán a las publicaciones que haya realizado. Los libros pueden llegar a un máximo de cuatro puntos y los artículos en medios de comunicación un punto.

En estas dos primeras etapas el máximo obtenido puede ser 55 puntos y el mínimo para calificar es de 26 puntos que les permitirá llegar al examen escrito. “La evaluación estará dividida en dos partes, la primera con quince (15) preguntas de opción cerrada, y la segunda parte, en base a un caso concreto: la elaboración de una resolución judicial, que tendrá valor de 15 puntos. Ahí se sumarán los puntos y deben llegar a un máximo de 30 puntos.

Finalmente, deben llegar a la fase de entrevistas que tendrá un máximo de 15 puntos. Como sucederá en los exámenes serán los integrantes de las dos comisiones mixtas los que elaborarán las preguntas y las respuestas quien estarán en sobres cerrados. Aquellos que logren los 71 puntos en las cuatro fases pasarán a la Asamblea donde requieren del voto de dos tercios de los presentes para pasar a la fase electoral que estará en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).