El artificioso concepto de posverdad simplemente es una moda que, como muchas otras, pasará de moda; y, cuando se haya ido, hablaremos nuevamente de la mentira.

El artificioso concepto de posverdad simplemente es una moda que, como muchas otras, pasará de moda; y, cuando se haya ido, hablaremos nuevamente de la mentira. El anhelo de la elección de las autoridades del Órgano Judicial era brindar legitimidad de origen a los magistrados elegidos y se esperaba legitimidad de ejercicio de dichos funcionarios. El presente texto trata algunos embustes de las élites políticas relacionadas con el tema de las elecciones judiciales.

Legitimidad de origen se logra cuando la designación de las autoridades judiciales se efectúa de manera transparente y con amplia aprobación y apoyo ciudadano. Estas dos condiciones no se cumplieron en ninguna de las elecciones judiciales precedentes, por un lado, con los 2/3 de parlamentarios del MAS, se preseleccionaron candidatos afines al partido de gobierno, y, por otro lado, los resultados electorales revelaron insignificantes porcentajes de apoyo electoral a los candidatos, por ejemplo, en las elecciones de 2011, un miembro del Tribunal Agroambiental fue elegido con el 4,63%, un magistrado del Tribunal Constitucional fue elegido con el 5,08% y un Consejero de la Magistratura recibió el respaldo electoral del 6,85%. Esto revela limitada legitimidad de origen de los magistrados elegidos. Algo similar sucedió en las elecciones judiciales de 2017.

Sin embargo, aquella deficiente legitimidad podía ser compensada por la legitimidad de ejercicio. Esta legitimidad se obtiene cuando la administración de justicia se realiza con eficacia e imparcialidad, y, preservando la independencia respecto de los otros Órganos del Estado. Una encuesta publicada por Página Siete (22/4/2022) refleja la pobre legitimidad de ejercicio de este Órgano del Estado. Respecto de la administración, el 83% de los consultados consideran que la justicia nacional va por mal o muy mal camino. En relación a la independencia, la encuesta revela que el 57,7% de los encuestados creen que “No hay independencia judicial”. Estos indicadores muestran la escasa legitimidad de ejercicio del Órgano Judicial.

Aquí, la posverdad proclamada por la élite oficialista ha consistido en prometer enmendar la crisis de legitimidad de la justicia en Bolivia, pero el resultado ha sido controlar de manera absoluta esta instancia de poder y ponerla a su servicio.

Hoy estamos en vísperas de un nuevo proceso electoral judicial, oficialistas y opositores redactaron proyectos de ley, aparentemente, para enmendar el proceso de selección de candidatos. El objetivo de la propuesta de Comunidad Ciudadana (CC) es garantizar la preselección de postulantes independientes que tengan los mayores méritos y excelencia profesional. Esto es una falacia, CC es un partido que representa a la clase media y alta del país y, debe admitirse que, entre estas clases sociales, se encuentran la personas con más méritos y excelencia profesional; por tanto, esto permite deducir que no se preseleccionaran candidatos independientes, sino afines a esta organización política. Además, para garantizar aquella preselección, por una parte, se plantea la creación de Jurados Departamentales de Méritos de apoyo a la Asamblea Legislativa Plurinacional que, en general, estarían integrados por allegados a esta tienda política; y, por otra parte, las funciones de estos jurados, tienden a sustituir la labor del parlamento donde este partido tiene una minoría de senadores y diputados.  

La propuesta del MAS (tendencia arcista) se aferra al procedimiento de selección de candidatos establecido en la Ley de Régimen Electoral, es decir, que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la responsabilidad exclusiva de realizar la preselección de postulaciones. Esto no cambia nada, contrariamente, se flexibilizan algunos aspectos como: la no militancia de los candidatos, y, aunque no se reconoce la reelección, se sugiere que las autoridades o exautoridades judiciales postulen a otras instancias del Órgano Judicial. 

Considerando que ninguna de las fuerzas políticas cuenta con 2/3 de parlamentarios, se advierten dos salidas: una, como en la elección del Defensor del Pueblo, es probable que el oficialismo realice similar maniobra para esta elección; y dos, como en la elección de vocales del Órgano Electoral, es posible que todas las fuerzas políticas negocien la preselección de candidatos.   

Como se ha podido observar, la posverdad de los proyectos de ley es que no están orientados a lograr legitimidad de origen y menos legitimidad de ejercicio de las autoridades judiciales, sino que el real propósito del Movimiento al Socialismo es conservar el control político de este Órgano del Estado, y el objetivo de Comunidad Ciudadana es que gente afín a esta organización acceda a esta instancia de poder. Como dice Sabina, desde esta tribuna, nos empeñaremos en que las “mentiras parezcan mentiras”. [P]