El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define estupidez como: “Torpeza notable en comprender las cosas”. Esta acepción se ajusta plenamente al recurrente accionar de la llamada oposición política en Bolivia. Por enésima vez ha caído en la trampa del oficialismo al prestarse a “consensuar” un reglamento para la preselección de los candidatos a las principales magistraturas del Poder Judicial.

Sueltos de cuerpo y como si no hubieran pasado por múltiples experiencias del proceder falso y taimado de Movimiento al Socialismo (MAS), han concurrido a la puesta en escena de un vulgar espectáculo. De nada sirvieron los hechos previos delatores, como la amañada elección del Defensor del Pueblo, mientras los supuestos opositores se agolpaban en el festejo del aniversario cruceño, por citar un ejemplo. Ahora pensaron ingenuamente que el Gobierno estaba dispuesto a soltar la herramienta que, por más de tres lustros, le ha servido como instrumento de disuasión y represión política.

Se afanaron en presentar proyectos que, en su mayoría, no tenían nada de creativos y se limitaban a ser una mala copia de la propuesta de los abogados independientes.

Se tragaron el cuento que hizo la presidenta de la Comisión, cuando afirmó que se había llegado a un acuerdo para la redacción del mentado reglamento. La maniobra de distracción y amodorramiento sirvió muy bien para mantenerlos quietos hasta el momento en que, con la máquina aplanadora de su mayoría, tiraron por la borda todas las sugerencias de la oposición y aprobaron una norma que les permite seguir nombrando a sus más sumisos adeptos en los altos puestos de la administración de justicia del país y que les da piedra libre para premiar a los obedientes y dóciles funcionarios actuales, con la posibilidad de que sean elegidos en cargos similares.

He aquí la mejor muestra de que el Gobierno no tiene intención alguna de modificar la nefasta estructura de la justicia boliviana. Por eso es que salieron apresuradamente a desahuciar el referéndum para la reforma judicial impulsado por los juristas independientes. Alineados en la causa común de entorpecer esta cruzada, se escuchó a ministros, tribunos electorales y parlamentarios vociferar en su contra y al unísono. A ellos se sumaron con entusiasmo pueril los mismos opositores, al pretender sustituir el planteamiento de reforma estructural con un trivial reglamento.

El catedrático universitario de Pavia y Berkeley, Carlo Cipolla, afirma que “la estupidez es peor que la maldad, porque al menos el malvado obtiene algún beneficio para sí mismo, aunque sea a costa del perjuicio ajeno”. Por supuesto que nada bueno puede esperarse de una Asamblea Legislativa dominada por el MAS, pero la oposición está tan venida a menos que algunos la tildan de “funcional” al Gobierno. No ha sido capaz de comprender que únicamente mediante un movimiento ciudadano que obligue al cambio de la Carta Magna será posible arrancar a Themis de las garras de los autócratas de turno y defenderla de la depravación y la esclavitud.

Al parecer, ni siquiera se tomaron el trabajo de leer (y menos de entender) los cambios propuestos en la reforma parcial de la Constitución Política del Estado, que no están referidos sólo a la forma de selección de los funcionarios judiciales; pues pasa también, entre otras cosas, por otorgarle independencia económica, para lograr eficiencia y modernidad en la administración de justicia, así como crear jueces de paz, revalorizar la justicia indígena y, no menos importante, restaurar el poder ciudadano para elegir o vetar a los candidatos.
Si ni los presuntos antagonistas políticos se han sumado con decisión a este monumental esfuerzo, ¿qué se puede esperar del ciudadano común, tan indefenso a la manipulación, las intimidaciones y las amenazas de los “dueños” del Estado? ¿Qué podemos esperar de un futuro en el que el dominio de la ignorancia y la corrupción se hace cada vez más evidente?

Entretanto, seguiremos sometidos a la falta de independencia de los poderes del Estado e inermes ante su sumisión al mandato político imperante. La ausencia de una administración de justicia proba seguirá opacando con su tenebroso actuar a los que se atrevan a denunciar ilícitos, como ocurrió en tantos casos ya; baste recordar que más de 90 fiscales y más de 80 jueces presentaron unos 250 juicios contra Marco Antonio Aramayo, exdirector que destapó los robos en el Fondo Indígena, hasta que fue puesto en prisión, recluido en casi todas las cárceles del país y murió en una de ellas, tras 9 años de tortura.

No es el único militante del MAS que se sacrifica en el intento de denunciar la deshonestidad, acabamos de escuchar que un diputado del mismo partido dice temer por su integridad física y la de su familia, en el bullado caso de la coima millonaria de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), cuyo único culpable seguramente será el muerto.

El holandés Matthijs van Boxsel, en su Enciclopedia de la estupidez, dice: “La inteligencia y la estupidez no son lo contrario una de la otra, ni la estupidez es la falta de inteligencia, sino que la inteligencia es el producto, más o menos fracasado, de una serie continuada de intentos para dominar o escapar a la estupidez constitutiva de todo lo humano”.

Para este pensador contemporáneo, la estupidez es prácticamente inagotable, en coincidencia con esa frase atribuida a Albert Einstein, que dice: “Sólo hay una cosa más grande que el universo, y es la estupidez humana”. En consecuencia, es posible colegir que no es un rasgo privativo de la oposición… pero estaremos condenados al fracaso colectivo si este mal se expande y prevalece en el cuerpo social de Bolivia y, en particular, en sus líderes políticos.