Las comunidades están dispersas. Desde este año cuentan con energía eléctrica generada por paneles solares. Tienen muchas necesidades y reman a contracorriente para poder subsistir

Son navegantes y pescadores, habitan en las márgenes del río Ichilo, pero deben ir río arriba. Los cerca de 3.000 habitantes del pueblo Yuracaré-Mojeño están asentados en 14 comunidades dispersas y aisladas de los centros urbanos en un territorio de 76.000 hectáreas en Santa Cruz. Para visitarlos hay que lanzarse aguas abajo desde Puerto Villarroel, en Cochabamba, a bordo de lanchas movidas por ‘teques’, motores pequeños adaptados para navegar.

Además, como ellos mismos lo comentan, la subvención de los hidrocarburos no les beneficia, pues pagan hasta Bs 10 por cada litro de gasolina, un precio que dobla al que está regulado en el resto del país. “Con el carburante movemos nuestros ‘teques’, pero no nos venden la cantidad que necesitamos y tenemos que recurrir a las ‘bolsas negras’ (mercado negro)”, señaló Néstor Vásquez, el cacique mayor de los Yuracaré-Mojeño, durante una conversación que sostuvo con EL DEBER.

“Nos han dicho que esta es una zona roja; sin embargo, nadie se ha puesto a pensar que en la TCO (Territorio Comunitario de Origen) que está a la orilla del río Ichilo. La carretera que tenemos es el río y, al día, nuestros ‘teques’ pueden consumir hasta 30 litros porque recorre grandes distancias para llegar a las comunidades dispersas”, señaló. La más alejada está a un día de viaje a través del río.

Para adquirir el carburante en bidón se debe presentar fotocopias de carné y se permite la venta de hasta cinco litros por persona. El principal centro de aprovisionamiento está precisamente en Puerto Villarroel, un sitio estratégico para este pueblo.

La gasolina, junto con otros carburantes, es considerada un precursor para la fabricación de cocaína. El territorio Yuracaré Mojeño está en el municipio de Yapacaní, declarado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) como una zona de producción de coca ilegal y droga. Aunque la tendencia se redujo en 2022, en la reserva Choré fueron destruidas 200 hectáreas de cocales ilegales. Una parte del área protegida está en la TCO.

Eso sí, este pueblo indígena tiene poder político y cuenta con un representante en la Asamblea Legislativa Departamental, pero los aliados del MAS han puesto en el punto de mira a ese y el resto de los escaños indígenas desde 2021, cuando comenzó la legislatura. La bancada indígena está formada por cinco curules que son clave en la correlación de fuerzas.

Si bien Creemos ganó los comicios con más del 55%, esa mayoría no se reflejó en el Legislativo porque el MAS logró apoyo en varias de las circunscripciones regionales cruceñas. Así, el partido del gobernador Luis Fernando Camacho cuenta con 11 escaños; 11 curules también tiene la organización política que dirige Morales desde su bastión en el trópico de Cochabamba. Puerto Villarroel es parte de esa región cocalera.

“Si los asambleístas del movimiento indígena se suman, somos mayoría y en mi experiencia, si somos mayoría, desde la Asamblea se puede administrar el departamento y eso está en análisis”, afirmó Morales en abril de 2021 tras conocer los resultados de las elecciones subnacionales de ese año.

Vásquez recordó esa postura, pero se preguntó por la ausencia de proyectos de desarrollo durante los 14 años que gobernó Morales. “Estamos excluidos desde hace varias gestiones y ahora nos sentimos denigrados”, se lamentó el cacique mayor poco después de expresar su apoyo en favor del asambleísta Wilson Cortez, quien tiene un informe de revocatoria en su contra avalado por el Tribunal Electoral de Santa Cruz.

La decisión fue apelada y también se la demandó ante la justicia. Se prevé que el fallo sea emitido en el curso de esta semana.

Una vista aérea del embarcadero de Puerto Villarroel desde donde se navega al territorio Yuracaré-Mojeño. Foto. Jorge Ibáñez

Entre tanto, hay más necesidades. Una brigada médica de Yapacaní recorre las comunidades de este pueblo indígena cada semana. La única posta de salud está en Pallar, que es como la capital política de la TCO. Existe un centro comunal, una escuela con cinco maestros y 40 alumnos. Dos de ellos están en el último curso de la secundaria y este año se graduarán como bachilleres.

Por eso, Joel Colque y Evlyn Mole tienen planes. Él quiere ser policía. “Solo vivimos de la pesca y el chaco; no hay nada más que hacer. La clave es el estudio. Sin el estudio no somos nada”, afirmó el joven, quien confía en poder salir de su comunidad para formarse.

Ella quiere ser enfermera. “Necesitamos mejor salud; los niños se enferman seguido y los doctores no siempre vienen”, aseguró.

La directora de la Unidad Educativa Puerto Pallar, Carla Torrico, explicó que “existen muchas necesidades como la falta de agua potable y una señal apropiada para Internet”. Explicó que desde este año cuentan con energía eléctrica generada por paneles solares que instaló la Gobernación.

Los maestros de la escuela imparten varias materias a la vez, “porque no existen maestros de especialidad”, hizo notar la profesora Liseth Moroscopa, cuando EL DEBER llegó hasta la escuela.

El mayor desafío de la escuela es evitar que los alumnos deserten para atender las necesidades económicas de sus familias, puesto que la actividad principal es la pesca y el cultivo de productos como el cacao. “La tierra es muy fértil por la humedad del río”, aseguró el asambleísta Cortez.

Con esa vocación, en la comunidad Tres Lagunas están instaladas seis de las 11 jaulas para la crianza de Tambaquí, una especie que ya se explota de forma comercial en el departamento de Cochabamba. Para sacar el producto al mercado se debe llegar a Puerto Villarroel donde la Gobernación cochabambina cobra un tributo de Bs 0,50 por cada kilo. Los recursos van al departamento vecino, reclama el asambleísta. Se requiere de una coordinación entre dos gobernaciones que están bajo el control de dos bandos opuestos.

Explicó que esperan un estudio de impacto ambiental para poder plantear el proyecto carretero que vincule el territorio indígena con su el departamento de Santa Cruz. “En realidad se necesitan 30 kilómetros, porque existen rutas vecinales que, administrativamente, dependen del municipio de Yapacaní. De hecho, el territorio indígena Yuracaré-Mojeño es el distrito municipal 15. La comunidad también tiene un representante de este pueblo en ese Concejo.