La noche del miércoles, tras la finalización de la 2da sesión ordinaria de esta instancia, se determinó aprobar el informe y el proyecto de resolución del Reglamento, según informo la presidenta de la Comisión Mixta, senadora Patricia Arce.

“Lo que procede ahora es remitir el documento al presidente nato de la Asamblea para que pueda convocar a una sesión plenaria. Hemos cumplido con nuestra labor; ahora tenemos que esperar que sea aprobado en el Pleno de la ALP y posteriormente vendrán los otros plazos”, informó Arce en rueda de prensa.
Desde la oposición se cuestionó la falta de compromiso en miembros del oficialismo al haber desconocido preacuerdos pactados por las tres fuerzas para transparentar el proceso de selección en beneficio de la población que clama por verdaderas reformas en el sistema de justicia nacional.
“El MAS no aceptó el preacuerdo de las tres fuerzas políticas porque quiere que continúe el ‘pasanaku’ de los actuales Magistrados y Consejeros”, afirmo el diputado Carlos Alarcón desde sus redes sociales.
Desde la agrupación Creemos, se sostuvo que la aprobación de este proyecto de reglamento busca garantizar al oficialismo que no se apliquen cambios reales en la justicia boliviana.
“Quieren que con esta elección de magistrados, todo se mantenga como los años anteriores. La misma justicia corrupta, van a ser caras nuevas pero con el mismo accionar de perseguir y tapar la corrupción”, advirtió el asambleísta Walthy Egüez, afirmando que esta norma dará curso a la conformación de ternas con el objetivo de designar a operadores de justicia que le garanticen al Gobierno mantener el actual esquema judicial de corrupción.
Anunció que la bancada de Creemos se reunirá con todas las fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa y con entes cívicos para evitar que se produzca un nuevo fracaso en las reformas al sistema judicial.
“No podemos admitir seis años más de esta justicia podrida. Vamos a hacer todos los esfuerzos, vamos a conversar con todas las fuerzas políticas, como bancada”, dijo Egüez, alertando que uno de los objetivos para mantener el actual estado de la justicia es continuar sustentando la teoría del supuesto golpe en 2019 y de esta forma extender la detención preventiva en contra de exautoridades y opositores.
Para el diputado oficialista Sandro Ramírez, los cuestionamientos expresados por la oposición carecen de fundamentos al no reconocer que en la actualidad la elección magistrados y otros altos cargos del Órgano Judicial, se realiza con la participación de legisladores electos por la población y no son producto de imposiciones.
“La oposición no quiere entender es que en la actualidad este reglamento se trabaja con la diferentes autoridades electas de los diferentes departamentos, la diferencia es que ahora se socializa de cara al país, no como antes que se eran nombrados por imposición de los diferentes gobiernos”, sostuvo Ramírez, destacando el trabajo de la Comisión Legislativa que realizó este trabajo.
Luego de anunciar la aprobación del reglamento en cuestión, la senadora Arce además precisó que, de acuerdo a los plazos establecidos, se debe contar con la norma aprobada por el pleno de la ALP, hasta la primera semana de abril, a fin de que sea remitida al Tribunal Supremo Electoral y continúe el proceso para las elecciones judiciales que deben celebrarse en esta gestión.
El artículo 76 de la Ley 026 del Régimen Electoral, y según mandato constitucional, se establece que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe emitir la convocatoria para el proceso y preselección de postulantes para la conformación del TCP, TSJ, TA y Consejo de la Magistratura.