La administración del Movimiento Al Socialismo (MAS) se anota otro escándalo de corrupción que confirma el nivel de podredumbre que existe en sus filas, ahora divididas en dos corrientes que pugnan por el poder, que justamente es la llave para acceder al manejo de las arcas del Estado.

Y no estamos hablando de casos como el de la compra irregular de ambulancias o de antígenos nasales con sobreprecio en Potosí, el tráfico de exámenes en el Ministerio de Educación o el de nepotismo en Medio Ambiente, hablamos de uno mayor, que implica a una empresa cuestionada, millones para el pago de una coima, un testigo protegido que muere, un grupo de autoridades del más alto nivel señaladas y hasta denuncias ante instancias internacionales.

Ya durante los 14 años de gobierno de Evo Morales el país fue víctima de las manos largas de algunas autoridades masistas, con casos como el del ex-Fondo Indígena, que supuso el desvío de 685 millones de bolivianos a 978 cuentas particulares de dirigentes de sectores sociales de este partido. Después de ocho años y la trágica muerte de quien denunció este acto de corrupción, Marco Antonio Aramayo, hace unos meses las autoridades detectaron que la principal acusada, la exministra Nemesia Achacollo, hizo transacciones financieras sospechosas en ese tiempo.

Ese fue tal vez el principal caso de corrupción, pero la lista es larga. Por ejemplo, está el caso Catler, en el que fue asesinado el empresario Jorge O’Connor y el entonces presidente de YPFB, Santos Ramírez, terminó en prisión. El país perdió 9,3 millones de dólares.

También estallaron irregularidades en la adjudicación de las plantas separadoras de Río Grande y Gran Chaco, se pagó por adelantado 28 millones de dólares para la compra de barcazas chinas que no llegaron, se compraron taladros de perforación petrolera con sobreprecio, desaparecieron 33 camiones de un depósito aduanero en Cobija y un largo etcétera.

Y ahora la cosa sigue igual o peor, porque hasta el hijo del presidente Luis Arce Catacora ha sido acusado de estar implicado en negociados en torno al litio.

Sin embargo, el escándalo al que nos referimos al inicio de este texto se refiere al caso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que involucra a una empresa china que opera con subsidiarias cuestionadas por corrupción e incluso sancionadas por el Banco Mundial, a un “testigo protegido” que murió en circunstancias que aún no se aclaran y a varias autoridades que fueron señaladas como encubridoras.

El caso recién comienza y día que pasa surgen más y más interrogantes y dudas sobre los actores en este hecho y sus implicaciones, sobre la actuación de quienes conocieron de esta corruptela, entre ellos varios ministros, y los alcances que tendrá para el país, no sólo por el daño económico, que no se resuelve con la extraña “devolución” de una parte de los 18 millones que se habrían destinado para el pago de coimas, sino también por las denuncias presentadas fuera del país.

El “testigo protegido”, en un video que grabó poco antes de perder la vida, donde dijo que su sentencia de muerte llegó cuando denunció este caso de corrupción, contó que, ante la falta de atención de “actores del poder político de Bolivia y de China”, presentó denuncias ante la Corporación Andina de Fomento (CAF) Transparencia Internacional (TI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés).

Con los antecedentes de la justicia boliviana sometida al poder político es posible que el esclarecimiento de este caso (si llega a esclarecerse) tome muchos años en el país, como ocurre con los casos de corrupción denunciados en la gestión de Morales, por lo que habrá que esperar si ocurre algo fuera de nuestras fronteras.

Lo que no necesita una investigación es el hecho de que la corrupción forma parte de ciertas estructuras masistas que continúan en el poder y que harían cualquier cosa para eternizarse en él.