Los juristas independientes que promueven la iniciativa ciudadana de la reforma judicial a través de un referendo denunciaron este lunes que este proyecto es objeto de “conspiración” de representantes del Ministerio de Justicia, del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Legislativo, pero afirmaron que la recolección de firmas se mantiene y se anuncia para el 26 de marzo una jornada denominada “El Firmazo”.

En los últimos días, el titular de Justicia, Iván Lima; el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y asambleístas del oficialista MAS que promueven reglamento para convocar a elecciones judiciales “desahuciaron” la movilización ciudadana, al afirmar que no alcanzaría el tiempo.

“Las declaraciones del Presidente del TSE (son) absolutamente impertinentes. Nos ha dado cuenta de que seguimos, no sé si llamarla conspiración o frente a una acción del Estado en contra de esta cruzada nacional ciudadana”, señaló en conferencia de prensa el abogado Juan del Granado.

“No sabemos realmente si eso puede avanzar en el curso de este año, lo veo difícil y no es que esté en contra del proyecto ni mucho menos, pero lo veo bastante difícil”, sostuvo anteriormente el Presidente del TSE.

A su vez, Lima refirió que “esta iniciativa va a significar una aplicación en 2029, salvo que los juristas y algunos actores políticos quieran prorrogar a las actuales autoridades (...) la posición del país y el país quiere que estos señores se vayan el 31 de diciembre (de este año)”.

Boicot desde el Gobierno

Junto a Del Granado, los abogados José Antonio Rivera, Kathia Saucedo, Audalia Zurita, Carlos Derpic y Marcelo Fernández dieron a conocer siete puntos que demuestran el boicot desde el Gobierno a esta iniciativa ciudadana.

Demoras

Esta iniciativa enfrentó “la injustificada demora en aprobación de iniciativa y preguntas propuestas para referéndum popular; el plazo de 90 días comprendía el tiempo para impresión de libros de adhesión; requisito de notariación de libros de adhesión; rechazo de injustificado de la solicitud de aplicación de sistema biométrico; la imposición de obligación de transcripción de partidas; el plazo de 90 días impuesto reglamentariamente, y, por último, las declaraciones del Presidente del TSE y el Ministro de Justicia que perjudican el proceso de recolección de firmas”.

En ese sentido, los juristas coincidieron en que esas declaraciones apuntan a desanimar a la ciudadanía a firmar los libros.

Rivera dijo que al Gobierno no “le conviene” un cambio en la justicia y que busca “mantener en statu quo este sistema judicial podrido que es muy funcional al Gobierno porque se ha convertido en un instrumento de represión de la libertad de expresión y de pensamiento, es de persecución”.

Juristas convocan al Día del Firmazo

Este domingo 26 de marzo se realizará el Día del Firmazo Nacional, una actividad en la que se pretende que miles de bolivianos estampen sus firmas para conseguir 1,5 millones de rúbricas que se requieren. “El firmazo será el 26 en todo el país y nosotros (los juristas independientes) estaremos presentes en todas las regiones para impulsar la firma de los libros por parte de la ciudadanía; además, vamos a enfatizar la campaña redes sociales”, señaló la abogada Audalia Zurita.