La oposición política en la Asamblea Legislativa considera que la recolección de firmas promovida por los juristas independientes es el único camino para garantizar candidatos idóneos e independientes para ocupar los altos cargos en el Órgano Judicial, tras el rechazo de los proyectos presentados por Comunidad Ciudadana (CC) y la alianza Creemos ante la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa.

Los juristas promueven una reforma judicial vía referendo popular.

En tanto, Juan del Granado, miembro del grupo de juristas, aseguró que, de llegar al 1,5 millones de firmas de adhesión ciudadana, la selección de candidatos a magistrados que promueve el Movimiento Al Socialismo (MAS) quedará nula.

El diputado José Manuel Ormachea (CC) aclaró que las comisiones más importantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) están conformadas por una mayoría del MAS, situación que frena las propuestas de la oposición; sin embargo, ratificó el “bloqueo de los 2/3” en el pleno legislativo desde la bancada de CC con el fin de frenar la selección de los postulantes del MAS a los altos cargos de magistrados.

El diputado George Komadina señaló que la única manera de evitar un atropello “en la elección de los altos magistrado imponiendo candidaturas de personas que carecen de los méritos y competencias necesarias y de imparcialidad política es el bloqueo de la oposición”.

Ambos políticos señalaron que debe haber respaldo de la ciudadanía porque hizo suya la demanda de la reforma del sistema judicial.

Juristas

Del Granado insistió en una pausa en la preselección de candidatos en tanto se realice el proceso de reforma judicial; además, sostuvo que la ALP pierde su tiempo en trabajar un reglamento para las elecciones judiciales porque quedará nulo si se logra referendo que están impulsando.

Precisó que el 23 de abril tendrían que terminar de recolectar las firmas y, en caso de una respuesta positiva, se va al referendo entre julio y agosto. “Una vez que se haya pronunciado el poder constituyente, se anula todo lo que están haciendo estos amigos parlamentarios”, dijo.

El abogado enfatizó en que, si la ciudadanía responde adecuadamente, el TCP ya no tendrá que responder ante 200 juristas independientes que impulsan la reforma judicial, sino ante 1,5 millones de ciudadanos que dijeron sí a una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).

Propuestas rechazadas

El proyecto de ley de Comunidad Ciudadana plantea crear tribunales de méritos departamentales para calificar a los postulantes a magistrados.

La propuesta de la alianza Creemos es que la preselección sea realizada por las asambleas departamentales.

Sin embargo, el reglamento que vaya al pleno será el presentado por el Movimiento Al Socialismo y la oposición prevé su aprobación con el fin de mantener el control del sistema judicial.