Sin conexión vial ni señal estable de internet, los habitantes del pueblo Yuracaré-Mojeño viven aislados, pero su representación política es clave para las decisiones de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.

Wilson Cortez ocupa ese escaño desde 2021, cuando fue elegido por una Gran Asamblea del Consejo de pueblos indígenas Yuracaré-Mojeños (Cipym). El martes recibió a EL DEBER en la comunidad Pallar, que es como el centro político del grupo étnico, y junto con varios dirigentes de su sector dijo sentir “la presión y el acoso” de sectores vinculados con el Movimiento Al Socialismo (MAS).

 “Ellos no han venido aquí, ni siquiera conocen en las condiciones en las que vivimos”, se lamentó Cortez tras recordar que la pelea por el curul data desde el inicio de la gestión legislativa subnacional de mayo de 2021. Desde el momento, cuando su voto no se alineó con el MAS.

“Pero, lo que más me duele es la mentira. El Tribunal Electoral Departamental (TED) se ha prestado, avalando de manera ilegal una revocatoria en nuestra contra”, reclamó el asambleísta.

Tres de los cinco vocales del TED aprobaron un informe que avala esa revocatoria de mandato. Sucedió el 3 de marzo. La decisión fue apelada al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y se planteó una acción ante el Tribunal de Justicia de Santa Cruz. El recurso radica en la Sala Constitucional y plantea la falta de competencia de las autoridades electorales para “avalar” un revocatorio, además de la forma en la que esto se produjo.

Cortez recordó que el 12 de febrero se instaló una asamblea que no tuvo el quórum que establece el estatuto del Consejo Indígena del Pueblo Yuracaré-Mojeño (Cipym). “Cada comunidad debe acreditar a 15 delegados y esa reunión había representantes solo de ocho de las 14 comunidades”, afirmó el legislador departamental. 

La asamblea no concluyó por un enfrentamiento interno. La falta de un acuerdo entre representantes de las 14 comunidades de este pueblo indígena trabó el proceso y los representantes del TED retornaron a Santa Cruz, sin haber concluido el proceso, pues tampoco se formalizó la elección de un nuevo representante. La asambleísta suplente Belizaida Hurtado expresó en varias ocasiones que ella debería asumir. 

En el informe TED-SCZ-PIOC 002/2023 que avala “el revocatorio” establece que “para la elección del o la asambleísta departamental del pueblo Yuracaré- Mojeño, la comisión técnica del OEP (Órgano Electoral Plurinacional) no supervisó el desarrollo de la misma, porque no existieron las garantías necesarias para resguardar la integridad física de la comisión, emergente de agresiones”. Este informe responsabiliza por ello a Wilson Cortez y al resto del grupo que lo respalda.

La presidenta del TED, María Cristina Claros, defendió la legalidad de sus acciones sobre la base del Artículo 23 de la Constitución. 

“Nuestro Estatuto ni la Constitución le dan tuición al Tribunal Electoral de supervisar un revocatorio”, apuntó Néstor Vásquez, el cacique mayor de los Yuracaré-Mojeños, una de las cinco representaciones que tienen los pueblos indígenas de Santa Cruz .

Este grupo indígena son navegantes y hábiles pescadores; están asentados en 14 comunidades dispersas en las márgenes de los ríos Ichilo y Mamoré, los dos cauces que forman el límite natural entre Santa Cruz y Cochabamba. 

En Pallar, los indígenas Cortez, Vásquez, además de la vice cacique Marleni Montejo y otros representantes de los yuracaré- mojeños reclamaron por “la injusticia”. Explicaron que de las 14 comunidades, dos están controladas por “los interculturales”, como se llama a las organizaciones de los antiguos campesinos colonizadores de otras zonas del país. Responsabilizan a ellos de promover la división con asambleas revocatorias convocadas solo por ese sector. 

Desde 2021, se han producido nueve intentos para revocar a Cortez y en cuatro oportunidades hubo presencia de la Policía.

Pero, para llegar a ese Territorio Comunitario de Origen (TCO) se debe ir primero a la población cochabambina de Puerto Villarroel. El pueblo está en la margen del río Ichilo y desde allí salen lanchas para conectar a las comunidades que están dispersas. Las más alejadas están a dos días por el río.

Cortez recordó que en 2021 comenzó la tercera gestión legislativa departamental bajo el mandato de la Constitución que reconoce al país como un Estado Plurinacional y lamentó que la participación del Estado central es casi nula en favor de su pueblo.

La Gobernación cruceña desarrolló un proyecto de electrificación fotovoltaica en base paneles solares en esa TCO, además de la siembra de peces tambaquí en 11 piscinas que están en la región.

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