La rotación de los magistrados, una práctica conocida como ‘pasanaku’, y la organización civil solo como equipos de apoyo fueron los dos aspectos de disenso entre la oposición y los masistas en la Comisión Mixta de Constitución, para la aprobación del reglamento para la selección de candidatos para el Órgano Judicial.

“Las dos cuestiones centrales en las que no hemos logrado acuerdo y que hacen la esencia del proceso de la elección judicial tiene que ver con que los comités técnicos no sean floreros para evitar la manipulación por la mayoría del MAS en la Comisión, sobre todo, en la calificación de méritos. También nos oponemos al pasanaku de los actuales magistrados y consejeros”, dijo el diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón.

Pese a que el reglamento se trabajó en conjunto la anterior semana y se mostró un ambiente cordial de preacuerdos, ayer la mayoría del MAS aprobó el documento que será puesto a consideración de la Asamblea Legislativa.

La diputada Tatiana Añez, de Creemos, también miembros de la Comisión Mixta, ratificó que la oposición no acepta el proyecto de reglamento aprobado por el MAS porque considera que evaluación y calificación de los postulantes debe estar en manos de un comité técnico, que despolitice este proceso.

Desde el MAS, el diputado Juan José Jáuregui explicó que se rechazó el pedido de la oposición, debido a que la potestad de preseleccionar a los candidatos a magistrados sólo es de la Asamblea y no puede ser delegada a una instancia extra legislativa. Advirtió que eso sería inconstitucional. 

El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, asegura que las universidades “no pueden jugar un rol decorativo” en el proceso de preselección de las elecciones judiciales.

Respecto a la permisividad para que las actuales autoridades puedan postular a otros cargos, la oposición pretendía calificar la reelección con puntos en contra, pero el oficialismo cree que esto iría contra el principio de igualdad.

El diputado Óscar Balderas, de CC, lamentó que la propuesta del MAS mantenga las condiciones de las elecciones judiciales de 2011 y 2017, las que su alianza considera como una “farsa”.