La reciente exigencia impuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la realización del referendo para iniciar la reforma judicial permite pensar en una acción concertada dirigida a evitar esa consulta popular, lo que no desanima a sus impulsores. Esta tenacidad tendría que motivar un apoyo mayor e inmediato de la ciudadanía.

En julio de 2022, un grupo de juristas independientes inició el proceso para llevar a cabo un referendo cuyo propósito es modifica parcialmente la Constitución Política del Estados con el fin de reformar la justicia en cuatro aspectos puntuales.

El primero de ellos apunta a cambiar el procedimiento de selección de los candidatos para las elecciones judiciales, de modo que se elimine la injerencia político-partidaria en ese trámite y se garantice la independencia de la justicia.

Ese propósito apunta a que las próximas elecciones de altos magistrados, prevista para octubre de este año, se realice en distintas condiciones que las dos anteriores cuando los votos nulos y blancos fueron más del 50% de los emitidos, evidencia clara del rechazo ciudadano a la injerencia del oficialismo en la designación de candidatos.

Los trámites para realizar el referendo de iniciativa popular —procedimiento previsto por la Carta Magna, en su artículo 411— comenzaron en julio de 2022 y el TSE demoró tres meses en analizar y aprobar las cuatro preguntas de la consulta propuesta.

Luego surgieron otras condiciones que fueron impugnadas por los juristas independientes, hasta que se inició la recolección de las firmas necesarias, 1,5 millones, casi al mismo tiempo que el oficialismo y el TSE arrancaban con los preparativos para las elecciones judiciales, en un afán acompañado de declaraciones dirigidas a desahuciar la realización del referendo.

La última exigencia que lo dificulta es, ahora, “la exigencia de trascribir todas las partidas registradas en los 17.000 libros a un sistema informático”, sin modificar el plazo de entrega de los registros de firmas, que vence el 23 de abril.

Esa tarea impuesta por el TSE demanda un elevado costo, 4,5 millones de bolivianos, y un esfuerzo extraordinario en términos de horas de trabajo y de personal, tanto que parece tener el propósito de llevar al fracaso la iniciativa del referendo. O demorar sus efectos de manera que no se apliquen en las elecciones judiciales de octubre.

“Aquí hay una conspiración y (…) hay una sola manera de responderla: con la firma de los ciudadanos”, juzga al respecto uno de los juristas independientes.

Tiene razón. La intención de mantener al sistema judicial bajo dominio del poder político tiene que motivarnos a contrarrestarla mediante la iniciativa ciudadana para el referendo que iniciará la reforma judicial. Firmemos para que eso sea posible.