El intento de consensuar el reglamento de preselección de candidatos para las elecciones judiciales ha fracasado en la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa. Si bien ya se tenía un preacuerdo, la oposición denunció que el MAS rechazó el mismo y que impuso su “rodillo” para aprobar un texto que no fue acordado.

El reglamento aprobado por la mayoría del MAS comprende la creación de equipos de apoyo para el proceso de preselección de los postulantes, con participación de representantes de las universidades; colegios de abogados y auditores,  organizaciones sociales, como la COB, Confederación de Campesinos, Conamaq, Cidob, Confederación Bartolina Sisa, Interculturales; Asociación Nacional de Periodistas y Tribunal Nacional de Ética de la Abogacía.

Sin embargo, el diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana señaló que estos equipos de apoyo sólo actuarían como “floreros decorativos” en la preselección, para permitir que el MAS haga lo que le venga en gana.

“Quiero anunciar al país que no hay ningún consenso para este proceso de elecciones judiciales. Esta será una elección para el MAS, por el MAS y del MAS”, dijo Alarcón en la sesión.  Agregó que es una tercera "estafa" como las dos anteriores elecciones de magistrados.

El texto aprobado por el MAS señala que los equipos de apoyo tengan un rol de acompañamiento, pero la oposición pretendía que los comisionados emitan un informe que sirva de fundamento para la calificación de méritos de los postulantes a magistrados.

La diputada Tatiana Añez de Creemos ratificó que la oposición no acepta el reglamento aprobado por el MAS, porque considera que evaluación y calificación de los postulantes debe estar en manos de un comité técnico, que despolitice este proceso.

De parte del MAS, el diputado Juan José Jauregui explicó que se ha rechazado este pedido de la oposición, debido a que la potestad de preseleccionar a los candidatos a magistrados sólo es de la Asamblea y no puede ser delegada a una instancia extralegislativa. Advirtió que eso sería inconstitucional. 

Otro aspecto de controversia se refiere a los casos de actuales magistrados que busquen postular a un diferente alto tribunal. La oposición pretendía calificar esta intención como un demérito, pero el diputado Jáuregui explicó que eso iría contra el principio de igualdad.

El diputado oficialista aseveró que se ha tomado en cuenta un 80% de las propuestas que eran constitucionalmente tolerables de parte de la oposición. Consideró que las posiciones extremas buscan simplemente perturbar o distorsionar el trabajo que se desarrolla.

El texto aprobado pasará a la consideración por el pleno del Legislativo. Comunidad Ciudadana también pidió que se remita a esa instancia su informe alternativo de minoría, para ser considerado.