Al menos siete obstáculos y la “conspiración” del Tribunal Supremo Electoral (TSE) apuntan a impedir la consolidación de la iniciativa ciudadana de reforma judicial vía referéndum, según los Juristas independientes.

Los abogados hicieron este lunes un repaso de cada uno de los “obstáculos” que enfrentan desde el momento que iniciaron la solicitud al TSE para llevar adelante la iniciativa ciudadana.

“Hay un conjunto de obstáculos que venimos recibiendo de parte del Órgano Electoral Plurinacional, en esta cruzada que iniciamos para implementar la iniciativa ciudadana de reforma parcial de la Constitución”, denunció el exmagistrado del Tribunal Constitucional, José Antonio Rivera.

Transcripción de partidas

Una de esas obstrucciones a la iniciativa que vulnera la carta magna es que, paralelamente a la recolección de firmas, deben transcribir las partidas, es decir, 1,5 millones a un sistema informático.

“La imposición y la obligación de transcripción de las partidas en un sistema informático. Todas las partidas en 17 mil libros, eso genera un tiempo y nos exigen hacerlo dentro de los 90 días para recoger las adhesiones y montar un centro de cómputo, contratar gente especializada lo que vuelve a generar un alto costo de 4,5 millones de bolivianos (que) no estamos en condiciones de cubrir”, manifestó Rivera.

El jurista sostuvo que esta actividad no solo va a demorar mucho más la iniciativa, sino que tiene un alto costo difícil de financiar. “Eso debió ser cubierto por el Estado. Este es un grave obstáculo. Pedimos la modificación (del reglamento) la consideramos inconstitucional e ilegal”.

El pasado 13 de febrero, pidieron la revisión y modificación del reglamento, norma que no puede estar por encima de la Constitución e inviabilizar el derecho de los ciudadanos. Pero el TSE aún no respondió.

“Conspiración”

El exalcalde de la ciudad de La Paz Juan del Granado manifestó que se trata de una “conspiración” en contra de la iniciativa de parte del TSE, pero también del Órgano Ejecutivo.

“Aquí hay una conspiración”, sentenció Del Granado. La abogada Katya Saucedo añadió que, a la demora de autorización de la iniciativa, todos los libros deben ser notariados en el inicio y en el cierre, y que los 90 días se computarían desde la entrega de los libros.

Se suma que el TSE les negó el uso del sistema biométrico para la recolección de firmas, incluso esto evitaba la transcripción de las partidas en una acción totalmente innecesaria. “Esta petición pretendía acortar los tiempos, especialmente el registro de las partidas”.

Las declaraciones de Hassenteufel

Lo más “grave” para los juristas es la parcialización y las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, que la pasada semana desahució la iniciativa ciudadana por falta de tiempo.

Saucedo manifestó que ese tipo de declaraciones se pueden esperar de autoridades del Gobierno o de otras tiendas políticas, pero no del “árbitro” del proceso.

“Esto es grave porque es el presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque él está a cargo del proceso, tiene la tutela (…) Es un acto absoluto de prejuzgamiento que declare que la iniciativa no va a lograr”.

Los juristas coincidieron que esas declaraciones apuntan a desanimar a la ciudadanía a firmar los libros; pese a estas declaraciones manifestaron que continuarán trabajando en la recolección de firmas y que se sumarán a la convocatoria del Comité pro Santa Cruz del "firmazo".

Rivera dijo que es evidente que al Gobierno no le “conviene” una transformación de la justicia por esa razón salen a descalificar la iniciativa, incluso el TSE a través de su presidente.

En su criterio, es “mantener en estatuto quo este sistema judicial podrido que es muy funcional al Gobierno porque se ha convertido en un instrumento de represión de la libertad de expresión, de pensamiento, es de persecución”, añadió el exmagistrado del TC.