El abogado Juan Del Granado, vocero del grupo de juristas independientes, denunció ayer una "conspiración" y obstaculización a la iniciativa del referendo para la reforma judicial de parte del Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral, absolutamente impertinentes. Nos ha dado cuenta de que seguimos, no sé si llamarla conspiración o frente a una acción del Estado en contra de esta cruzada nacional ciudadana”, dijo Del Granado.

Por su parte, el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, informó que esta iniciativa podría ser aplicada en 2029. 

“Ahora, en caso de que la propuesta pretenda ser aplicada para el siguiente año (2024), se deberá prorrogar el mandato de las actuales autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)”.

“Yo escuché la posición del país, el país quiere que estos señores se vayan el 31 de diciembre, el país no está pensando que podamos prorrogar o ampliar el mandato de los actuales consejeros y magistrados”, sostuvo.

Según Lima, los plazos que plantean los juristas no son oportunos, porque luego de reunir los 1,5 millones de firmas, la propuesta debe ser remitida al TCP, luego pasar, mediante una ley, al Legislativo donde se requieren los dos tercios de voto para la aprobación de lo que debe ser el referendo constitucional para la reforma judicial.

Lima estimó que la reforma que se plantea impulsar podría terminar en 2024 cuando se desarrolle el Censo Nacional de Población y Vivienda o 2025 cuando se realice el referendo revocatorio del mandato popular.

Lima exhortó a que tanto Carlos Mesa, líder de CC, como Fernando Camacho, de Creemos, permitan el cambio de las actuales altas autoridades del Órgano Judicial y el TCP hasta el 31 de diciembre, cuando concluya su mandato.

OBSTÁCULOS

Según José Antonio Rivera, abogado constitucionalista y miembro del grupo de juristas independientes, desde que iniciaron con el referendo para la reforma judicial, dicha iniciativa pasó por varios obstáculos.

Dijo que hubo demora en la aprobación de dicha iniciativa y de las preguntas para el referendo. 

La iniciativa se habría presentado el 28 de julio de 2022 y se aprobó el 18 de octubre de la misma gestión, “una demora muy injustificada, que se traduce en este tema de los plazos”.

“Hemos recibido en conjunto acciones obstaculizadoras, por una injustificada demora en la aprobación de la iniciativa y de las preguntas de referéndum popular”, señaló Rivera.

Además, Del Granado se refirió a las declaraciones del presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, y del ministro de Justicia, Iván Lima, tras anunciar que dicha iniciativa será aplicada en 2029. Asimismo, dio a conocer que se han superado las 500 mil firmas.