En una semana se cumplen tres meses de la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho, que pelea por su libertad e intenta desvirtuar el caso golpe de Estado I. En medio de su estrategia judicial, la alianza a su cargo, Creemos, está dividida y sus miembros identifican al menos cuatro facciones: los afines a la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), los “camachistas”, los “democráticos” y “los morón”.

Por estas diferencias, la organización política tuvo fuertes problemas el viernes en la elección de la directiva de la Brigada Parlamentaria Cruceña que ahora está en riesgo de ser desconocida por algunos miembros.

“Yo no hablé de cuatro bloques, sino que la alianza se había fraccionado de cuatro maneras. Unos colegas parlamentarios que se los identifica como de UCS, luego me retiré yo solo, y también se retira otro grupo de diputados que vienen a ser seis y se queda otro grupo con Camacho. Todos somos de la alianza Creemos, pero con una división”, sostuvo el diputado Richard Ribera, recién posesionado presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz.

Agregó que su bloque es de “los democráticos” porque respetan la libre expresión, la libertad de pensamiento y de opinión, lo cual permitió que se reúna con otros legisladores con quienes coincide y trabajan el proyecto político.

EL DEBER consultó con Ribera sobre sus últimas declaraciones respecto al grupo de parlamentarios a quienes denomina “los morones”, por el senador Erik Morón, ya que manifestó que estarían intentando tomar el mayor control de la Gobernación cruceña mientras Camacho siga preso.

“Yo no tengo pruebas, ni nada por el estilo, pero es lo que se murmura de manera muy fuerte y por lo que vemos, bueno no tenemos gobernador y al no tener gobernador el pueblo se llena de incertidumbre”, aseguró.

Este medio contactó al senador Morón, quien derivó el asunto de la división de Creemos al diputado Óscar Michel. Sobre las alusiones en su contra ya no respondió a los mensajes ni llamadas.

La pugna en Creemos se hizo más visible por la elección de la directiva de la brigada parlamentaria. Un grupo de diputados y senadores calificaron de ilegal la convocatoria a elecciones y argumentan que el único que puede hacer este llamamiento es el presidente saliente, Henry Montero.

“Esa es la muestra de cómo el MAS se está imponiendo en el departamento de Santa Cruz y es una pena que algunos colegas se presten por algunas ambiciones políticas o personales que tienen. La convocatoria está clara. ¿Quiénes firman? Daisy Choque, firma Sandra Paz y Fabiola Guachala. ¿Jefa de bancada de qué partido, quién la eligió? No podemos legalizar algo que es ilegal”, manifestó el diputado Óscar Michel y también candidato a presidente de la brigada cruceña por Creemos.

Sobre el diputado Richard Ribera, dijo que este renunció a la alianza Creemos y se declaró “independiente”. Detalló que su renuncia fue aceptada en 2022 por el presidente del partido, Luis Fernando Camacho, y el entonces jefe de bancada, diputado José Carlos Gutiérrez.

“La historia se repite, primero la diputada Sandra Paz ocupó la Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados, gracias al apoyo del MAS, después otros diputados disidentes buscaron el apoyo del MAS para fraccionar la jefatura de Creemos en la bancada nacional y conseguir, nuevamente, la Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados. Ahora habría que preguntarle al señor Ribera si se prestará a este juego del MAS y la UCS que busca una candidatura ilegal apoyada por masistas e impulsada por disidentes que dieron la espalda a Luis Fernando Camacho”, observó.

En respuesta, Ribera pidió que dejen de vincularlo con el partido azul. Explicó que de los 30 parlamentarios de Creemos que participan de la votación, 17 están con Camacho y los disidentes son 13, por lo que, para alcanzar el mínimo de 33 votos para ganar la presidencia, cualquiera de los dos necesitaba de los votos del MAS.

“Supongamos que si no participábamos los 13 parlamentarios, ellos solo son 17, y de Comunidad Ciudadana (CC) solo tenían el apoyo de Jairo Guiteras, pero, aunque hayan tenido los 8 votos, sumaban 25, no les alcanzaba, ¿a quién le van a buscar los otros votos? Al MAS”, sostuvo.

No obstante, afirmó que, por su parte, tiene la intención de dialogar con todos los miembros de la alianza Creemos, tal como ya lo hizo con la diputada Tatiana Áñez. “Está más que claro que tenemos que trabajar para que se curen las heridas y se zanjen las diferencias para que podamos hacer una oposición”, añadió.

Mientras tanto, una facción de Creemos determinó desconocer la elección de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz y anunció que agotará todas las instancias que corresponden para inhabilitar la designación de Ribera.

Proceso judicial de Camacho

A casi tres meses de la detención preventiva, el gobernador cruceño no solo enfrenta la división de su alianza con la que llegó a ocupar el cargo, sino también pelea con la justicia para que el Ministerio Público viabilice los actuados investigativos de forma pronta dentro del caso golpe de Estado I.

“A nosotros lo que nos extraña mucho es que cualquier acto investigativo solicitado por la defensa si bien han sido ordenados, no se han realizado. Nuestros memoriales no son resueltos. Nos sorprende cómo el Ministerio Público únicamente realiza los actos de investigación que propone la Procuraduría o el Ministerio de Gobierno”, enfatizó el abogado Martín Camacho.

Detalló que en más de cuatro oportunidades solicitaron citaciones a distintos testigos, justificando la pertinencia y la utilidad de los mismos. También pidieron realizar las inspecciones técnicas oculares en el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el Comando Departamental de la Policía cruceña, el aeropuerto Viru Viru y el monumento al Cristo Redentor que son considerados como lugares “clave” para los acusadores.

El viernes, se conoció que la Fiscalía pidió al Servicio General de Identificación Personal (Segip) dar a conocer los domicilios del expresidente Evo Morales, el ex vicepresidente Álvaro García y el ex ministro Carlos Romero para considerar llamarlos como testigos como solicitó la defensa de Camacho.

Entre tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó la llegada a Bolivia de cinco comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 23 hasta el 30 de marzo, para conocer de manera directa y sin intermediarios la situación de los derechos humanos en el país.

Incluso, aseguró que si los comisionados ven pertinente, podrán visitar los centros penitenciarios donde están detenidos Jeanine Áñez y Fernando Camacho.