El gobierno de Evo Morales, que dirigió los destinos del país durante casi 14 años, erigió una estructura judicial a su servicio, con la finalidad de acallar a los opositores y despejar la ruta del poder.

Lo que seguramente no sopesó es que esa estructura un día podría volcarse en su contra o en contra de sus más estrechos colaboradores, como ya está sucediendo con el diputado Héctor Arce, su principal alfil en la Asamblea Legislativa, quien está acusado por el ala arcista del MAS de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, delitos presuntamente cometidos cuando ejercía como alcalde de Omereque, en Cochabamba.

El punto es que Héctor Arce es el principal enemigo del gobierno de Luis Arce y se convirtió en el denunciante de presuntos actos de corrupción cometidos en la actual gestión, empezando por la millonaria coima que se habría pagado por la contratación de una empresa china en el caso ABC hasta la supuesta participación del hijo del presidente, Marcelo Arce, en los negocios del litio.

La convocatoria a Héctor Arce a declarar ante la Fiscalía por un caso pasado a denuncia del diputado arcista Rolando Cuéllar, demuestra que los jueces y fiscales, que durante 14 años han respondido a Evo Morales, ahora han empezado a girar sus servicios en favor del gobierno de Luis Arce. En todo caso, no es algo de extrañarse, porque muchos de ellos hicieron lo propio durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez, cuando persiguieron a los integrantes del gobierno del MAS y al propio Evo Morales, bajo órdenes del entonces poderoso ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

De aquí para adelante, las cosas pueden empeorar para el evismo y para el propio Morales, puesto que, si se consolida la división del MAS, él mismo podría estar en riesgo porque tiene muchas cuentas pendientes con la justicia, empezando por el caso terrorismo y terminando en los hechos de 2019, que fueron provocados por su insistencia de eternizarse en el poder.

Ante la convocatoria de Héctor Arce a la Fiscalía, los evistas se convocaron por redes sociales con un banner que decía: “Si lo tocan, nos levantamos”. Arce se acogió al derecho al silencio y no fue detenido, como ocurriría con los opositores, pero es una advertencia de lo que puede ocurrirle si sigue denunciando presuntos hechos de corrupción.