Fabián Yaksic

El fracaso de la Asamblea Constituyente se tradujo en más de 140 artículos modificados por el Senado del proyecto de Constitución que aprobó la mayoría masista en sesión accidentada en Oruro, en diciembre de 2007. Las modificaciones se realizaron producto de un acuerdo político entre el MAS y Podemos, organización política de oposición que tenía mayoría en el Senado, para transformar el poder constituido del Congreso en Constituyente por encima de la Ley 3364 Especial de convocatoria a la Constituyente, del 6 de marzo de 2006, que establecía que la Constituyente: “Es independiente y ejerce la soberanía del pueblo. No depende ni está sometida a los poderes constituidos y tiene como única finalidad la reforma total de la Constitución Política del Estado”.

En lo que respecta a la modalidad de selección y elección de Magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, el proyecto de constitución, aprobado por la Asamblea, establecía que: “Las Magistradas y los Magistrados…serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal…El Control Administrativo Disciplinario de Justicia efectuará la preselección de las postulantes y los postulantes por cada Departamento, y remitirá al Consejo Electoral Plurinacional la nómina de los precalificados para que ésta proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”. Es decir, la Asamblea Constituyente estableció que la preselección de postulantes no la realicen los partidos políticos representados en el Congreso, sino que esté a cargo de una entidad ciudadana que debía ser también elegida “mediante sufragio universal de entre las candidatas y los candidatos propuestos por organizaciones de la sociedad civil”.

El “pacto” entre el MAS y Podemos, si bien logró pacificar al país, en una coyuntura altamente conflictiva, y “corregir” varios aspectos cruciales del texto constitucional propuesto por la Asamblea Constituyente, lamentablemente incluyó entre las modificaciones el texto de la Constitución Política del Estado actualmente vigente que estipula:  “…La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada Departamento, y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que ésta proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral”.  Es decir, los partidos políticos, de oficialismo y oposición, acordaron tener el control de la Preselección de postulantes a Magistrados y Magistradas del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

Fue un mal cálculo político de Podemos, pensando seguramente en participar del “festín” de cargos, pero no contaron con que el MAS lograría los 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, instrumentalizando a su favor ese acuerdo que le permitió al Gobierno del MAS, en las Elecciones Judiciales del 2011 y 2017, incidir en la repartija de las máximas autoridades judiciales usando esta prerrogativa para preseleccionar a las postulantes y los postulantes a Magistrados del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, imponiendo una lista de preseleccionados sometidos al Gobierno de turno. El MAS fue en contra de la voluntad de sus propios constituyentes al hacer estas modificaciones, demostrando que son la continuidad “renovada” de la partidocracia que gobernó el país antes del 2006.

Por 12 años consecutivos tuvimos a las máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional absolutamente subordinadas a la agenda política del Gobierno del MAS; lo que profundizó la corrupción y pérdida de independencia de los administradores de justicia. La Asamblea Legislativa Plurinacional pretende reiterar el pacto partidocrático ahora entre las corrientes “evistas y arcistas” del MAS que pretenden volver a repartirse los apetecidos cargos de magistrados, burlando nuevamente la voluntad popular que rechazó en las dos pasadas “elecciones judiciales” el listado de preseleccionados azules, votando mayoritariamente blanco y nulo. Esta vez las fuerzas democráticas de oposición no se pueden equivocar y deben actuar apegadas al sentimiento popular que demanda justicia independiente de los otros poderes del Estado. No podemos ir a un nuevo proceso de “Elecciones Judiciales” sin antes modificar al menos la modalidad de preselección de postulantes que no puede seguir en manos de los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Fabian Yaksic es consultor en autonomía y planificación territorial.