El Movimiento Cívico de Bolivia ratificó el pedido de revocatorio al mandato de Luis Arce y David Choquehuanca, si no se decreta la amnistía para los “presos políticos”. A la vez, determinaron el 26 de marzo como el ‘Día del firmazo’ donde impulsarán la recolección masiva de firmas para la reforma judicial.

“Luego de hacer un amplio análisis en el encuentro, exigimos al presidente Arce que escuche al pueblo boliviano y las determinaciones que se han decidido en el cabildo nacional, para que emita una amnistía para los presos políticos. Caso contrario, vamos a iniciar la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce”, informó a la ANF el presidente del Comité Cívico de Tarija y vocero de la entidad cívica, Adrián Ávila.

La semana pasada, los representantes cívicos del país sostuvieron una reunión de la ciudad de Sucre donde evaluaron la situación político social del país, donde se emitió una resolución con nueve puntos. En esa oportunidad estuvo presente el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach.

Ávila explicó que otra de las determinaciones importantes fue apoyar la iniciativa de los Juristas Independientes para reformar la justicia a través de un referéndum constitucional, el 26 de marzo se impulsará la recolección masiva de firmas, campaña que se denominó el ‘Día del firmazo’.

“Nosotros estamos respaldando la iniciativa de los Juristas Independientes para la recolección de firmas, vamos a relanzar la campaña y el 26 de marzo estamos haciendo una campaña nacional. Vamos a salir en todo el país para iniciar el proceso de la reforma de la justicia”, afirmó.

Dijo que coordinarán con plataformas ciudadanas y activistas para salir a las calles, plazas campos deportivos y a diferentes sectores para coadyuvar con este trabajo. En un plazo de 90 días deben recolectar 1,5 millones de firmas y encarar la reforma judicial desde una iniciativa ciudadana.

Por otra parte, Ávila señaló que buscarán la unidad nacional de los actores políticos de oposición, que fue uno de los mandatos del cabildo nacional del 25 de enero del 2023, que permita encaminar la construcción de una propuesta con respeto al estado de Derecho, la democracia y las libertades ciudadanas desde las regiones.

También respaldaron las protestas de los cívicos potosinos sobre el tema del litio y la de los maestros urbanos que rechazan la malla curricular impulsada por el Gobierno.

Con relación al censo 2024, el dirigente cívico adelantó que se conformará una comisión nacional para hacer seguimiento al cumplimiento de la Ley del Censo y su respectiva aplicación en la redistribución de recursos y escaños en septiembre de ese año.

Y en base a esos resultados trabajarán en una propuesta conjunta de Pacto Fiscal para la redistribución económica equitativa que supere la desigualdad social y lograr un desarrollo equilibrado en los nueve departamentos.